Navarra acusa de "doble rasero" al Gobierno en el veto de leyes sanitarias

"El Gobierno español utiliza un doble rasero para imponer vetos constitucionales". Así de tajante se ha mostrado Fernando Domínguez, consejero de Salud de Navarra, en la Comisión de Salud del Parlamento autonómico. "La ley de universalización de la sanidad navarra tenía más base que la de otras comunidades cuyas leyes no han sido recurridas", ha señalado el consejero. 

Además de la ley de sanidad navarra, el Tribunal Constitucional también ha declarado nulas la de Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria, País Vasco y Baleares, "todas comunidades donde no gobierna el Partido Popular". 

Domínguez ha destacado el caso de la Región de Murcia, al que ha calificado de "paradigmático". "Murcia ofrece atención sanitaria a personas con dificultades en base a una instrucción de sanidad universal previamente acordada con el Ministerio de Sanidad, tal como ha dicho el propio consejero de Salud de la comunidad. Por tanto, nosotros vamos a hacer lo mismo. Negociar con el Ministerio", ha asegurado. 

Eliminación de las ayudas al copago farmacéutico

El TC también ha declarado nula la ley foral que eliminaba el copago farmacéutico para pensionistas y mayores de 65 años. Sin embargo, la Consejería de Salud ha querido tranquilizar a la población explicando que esta sentencia no afecta a las ayudas que reciben a día de hoy pensionistas y personas en activo con rentas inferiores a 18.000 euros. 

De hecho, Domínguez ha afirmado que desde la campaña de comunicación que el Ejecutivo navarro llevó a cabo sobre estas ayudas están recibiendo alrededor de 150 solicitudes diarias. 

"La Consejería no factura a los presos la sanidad que reciben en prisión" 

El consejero ha aprovechado la ocasión para desmentir las acusaciones vertidas por algunos medios y la oposición sobre el supuesto cobro de facturas médicas que la Consejería de Salud hace pagar a los presos de las cárceles navarras. 

Domínguez ha aseverado que "esto es completamente falso. La Consejería no factura a los presos la sanidad que reciben en prisión. Se factura a instituciones penitenciarias, porque es su competencia".