El fin del sanitario-funcionario agiliza las vacantes en Atención Primaria

La decisión del Gobierno de Navarra de modificar la categoría administrativa de sus sanitarios para que dejen de depender de Función Pública incidirá directamente en la gestión de las vacantes de Atención Primaria. La Consejería de Sanidad ha respondido a algunas de las dudas que ha suscitado el borrador de la futura Ley Foral de Salud, que permitiría a los profesionales del sector liberarse de la etiqueta de ‘funcionarios’. A su juicio, este cambio dará más libertad a partir de ahora Osasunbidea tanto para crear plazas como para gestionar el capítulo de gasto en personal.

En una respuesta escrita remitida al Parlamento de Navarra, el consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha explicado que este cambio de categoría está motivado por las dificultades que actualmente presenta el Servicio de Salud para tramitar las plazas vacantes sin recurrir a otras administraciones, en un contexto marcado por la “insuficiencia” de personal sanitario fijo en la comunidad autónoma.

“El SNS-O no puede tramitar dichas modificaciones ni para crear las necesarias vacantes, y así facilitar el cumplimiento de la normativa europea y foral sobre duración de los contratos administrativos, ni para crear o modificar las distintas plazas que necesita crear en ocasiones para dar respuesta a las exigencias derivadas de planes o estrategias, como la de impulsar nuevas especialidades”, ha apuntado.

Con la reforma que contempla la Ley Foral de Salud, su departamento podría disponer de un mayor margen de actuación sobre el capítulo de gasto en los presupuestos sin la necesidad de precisar la “autorización o actuación administrativa de Función Pública”, algo que le permitiría disponer de los fondos económicos “sin dilaciones”.

La contratación de administrativos en Primaria

El consejero ha puesto como ejemplo la gestión del personal administrativo que actualmente ejerce en Atención Primaria. Aunque cuentan con unas características muy definidas por los “conocimientos y habilidades” asociados a la sanidad e incluso un sueldo diferente al de los profesionales destinados en otros departamentos, los procesos de movilidad o ingreso están condicionados a la tramitación general de Función Pública.

“A veces implica incorporaciones masivas de personal no conocedor o a puestos unipersonales, que afecta a procesos claves en los centros sanitarios, como acaba de ocurrir con los puestos de administrativos a incorporar en puestos de admisión”, ha lamentado Domínguez.

En todo caso, el consejero ha aclarado que no se pretende que Función Pública deje de establecer criterios para unificar las políticas de personal o para determinar la limitación del gasto disponible, sino únicamente garantizar una “mejora de la capacidad de gestión del SNS-0 que permita una mayor agilidad en nuestras tramitaciones”.

La publicación del borrador de la ley ya había despertado ciertas dudas entre los sindicatos del sector de la salud ya que temían que el fin de la categoría del sanitario-funcionario pueda traducirse en despidos de los profesionales que pasarían a conformar un régimen de personal laboral fijo. De momento la ley todavía se encuentra en una fase de tramitación por lo que el contenido final puede terminar de pulir todos esos flecos.