Redacción. Cartagena
La diputada socialista, Teresa Rosique, ha pedido este miércoles en el Pleno de la Asamblea Regional que se "regule el copago farmacéutico de los pensionistas", ya que "se está acabando con la seña de identidad de la Sanidad", puesto que "el copago significa acabar con la equidad".
Teresa Rosique, portavoz de Sanidad del PSOE. |
Rosique ha puesto de manifiesto que "los pensionistas de la Región de Murcia sufren actualmente un doble castigo, el de Rajoy y el de la consejera Mª Ángeles Palacios", así que ha propuesto "que los pensionistas no tengan que pagar ni un euro más cuando se llegue al tope de copago", ya que "los pensionistas tienen que pagar el 10 por ciento del precio de esos medicamentos al retirarlos" y luego "esperar el reintegro de ese importe en un máximo de seis meses".
En la actualidad, "el tope es de 8 euros mensuales para pensiones menores de 18.000 euros, de 18 euros mensuales para pensiones de entre 18.000 y 100.000 euros, y de 60 euros mensuales para pensiones de más de 100.000 euros". Rosique ha hecho estas declaraciones en el pleno de la Asamblea Regional, donde ha defendido una moción en este sentido que finalmente no ha salido adelante con los votos en contra del PP, con mayoría en el Pleno.
En cambio, para Catalina Lorenzo, diputada del Grupo Parlamentario Popular, "se trata de garantizar el Sistema Público de Salud", y ha recordado a Rosique que "desde diciembre de 2012 ya se están llevando a cabo las devoluciones", cumpliendo "con lo que indica la Ley". De igual forma, ha señalado que estos retrasos se resolverán "en cuanto esté implantada la receta electrónica".
II Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo
La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia, Inmaculada González, ha pedido por su parte al Gobierno regional "una segunda estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo", para "seguir avanzando en la eliminación de la siniestralidad" y "seguir bajando", pues ha dicho que "en 2012 se consiguió la reducción de un 20 por ciento respecto al año anterior", alcanzando ya los "27 accidentes por cada mil trabajadores".
González ha "instado al Consejo de Gobierno, para que inste a su vez al Gobierno de la nación" en este sentido. Para Francisco Oñate, del Grupo Parlamentario Socialista, el descenso de la siniestralidad "se debe al descenso de los empleos", que además se da "en sectores proclives", por lo tanto ha dicho que "es un buen momento para que el Gobierno intervenga". José Antonio Pujante de IU-Verdes, ha añadido que, dada la situación, "hay que abordar los accidentes en la economía sumergida".