Rodríguez: “Si fuera por los socialistas, solo se habría construido el Hospital de Fuenlabrada”

Cristina Mouriño / Imagen: Adrián Conde. Madrid
El portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid ha valorado “positivamente” las tres ofertas que se han presentado al concurso para la gestión de los seis hospitales que quiere externalizar la Consejería de Sanidad. “No creo que el burofax del Partido Socialista haya influido para que no se presentaran más”, ha explicado Javier Rodríguez en una entrevista concedida a Redacción Médica. “Lo que sí ha podido influir es que no es lo mismo concursar a un hospital que está vacío que concursar a uno que está lleno”.

Javier Rodríguez.

Recientemente conocíamos las tres empresas que optan a la gestión de los 6 hospitales que se van a externalizar (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina y Hospital del Tajo, Hospital Universitario del Sureste y Hospital Universitario del Henares). ¿Qué valoración hace de estas empresas?

La valoración que tengo que hacer es positiva. No me extraña que la oposición haga críticas negativas porque las hizo desde el mismo día en que empezó este proceso. El primer día que el sindicato AFEM solicitó una entrevista con la Consejería para que le explicara lo que iban a hacer, ya había montado una huelga, luego, es difícil de entender que uno quiera dialogar si empieza poniendo una huelga encima de la mesa.

Creo que las valoraciones que hace la oposición son las mismas, es decir, ellos lo que querían es que no hubiera nadie porque llegaron a amenazar con métodos mafiosos a la gente que concurriera. Les dijeron que ellos le quitarían el concurso, cosa que es difícil de hacer, porque este es un país que administrativamente está regentado por una Constitución y una legislación; y cuando a una empresa se le da una concesión  no lleva implícito que si cambia el gobierno se la vayan a quitar, salvo que se indemnice.

Por lo tanto, esto es así, y a aquellos que amenazaban a las empresas no les han hecho caso, y lógicamente han concurrido empresas que están dispuestas a gestionar estos hospitales y que esperamos que lo hagan bien.

La oposición ha criticado que no ha habido proceso de competencia y que más que un concurso se ha tratado de un “reparto”, ¿qué opina de estas valoraciones?

Ellos pueden poner en tela de juicio todo lo que les parezca bien. Para concursar hay que tener unos requisitos, que los tenían, y por lo tanto no hay que ponerlo en tela de juicio. En segundo lugar, lo único que sienten es que a pesar de sus amenazas hay gente que no les cree y que están dispuestos a trabajar en beneficio de la sanidad pública madrileña.

El PSM ha presentado otros dos recursos uno ante el TSJM y otro ante los juzgados ordinarios por considerar que la Consejería ha hecho una rebaja notable en la fianza a aportar por las adjudicatarias. ¿Qué valoración hace?

El Partido Socialista, en todo este problema, está perdido. Si efectivamente estuviera en contra del proceso, lo que tendría que haber hecho es que en el mes de diciembre de 2012, cuando se discutieron los presupuestos de esta Asamblea donde se contemplaba este proceso, tendría que haber hecho las enmiendas pertinentes y no las hicieron. Pero no solo no hicieron ninguna sino que apoyaron enmiendas de Izquierda Unida donde proponían quitar el presupuesto, y por lo tanto, cerrar, el Hospital de Fuenlabrada, el de Alcorcón, el Infanta Leonor de Vallecas, el de Arganda, el de Coslada, el de Torrejón, el nuevo de Móstoles, el de Parla, el de Valdemoro y el de Aranjuez. Es decir, presupuesto cero.

Si les hubiéramos hecho caso hubiéramos puesto en la calle a 10.500 profesionales sanitarios y hubiéramos dejado a dos millones de personas sin atender. Afortunadamente no les hicimos caso, porque esas son las enmiendas que presentó el Partido Socialista.

El Partido Socialista podía haber dicho: “si lo que hay es un déficit económico porque hay 500 millones de euros menos en los presupuestos, vamos a ver cómo podemos solucionarlo”, pero sus propuestas son siempre el juzgado o echarse a la calle como hicieron. Con eso no basta, es decir, las iniciativas en un sistema parlamentario se traen al Parlamento y se discuten, pero es que no presentaron ninguna.

Próximamente se procederá a valorar estas ofertas y se resolverá si cumplen los requisitos. ¿Qué ocurriría si alguna de ellas no cumpliera con los criterios establecidos en los pliegos?

Si no cumple quedaría desierto el concurso, no puede ser de otra forma. Se volvería a convocar de nuevo.

UPyD ha solicitado a la Asamblea regional la comparecencia de los responsables de estas empresas, ¿lo considera necesario?

El Grupo UPyD puede considerar lo que le dé la gana porque está en su libertad. Cuando se discutieron los presupuestos UPyD no presentó ni una sola enmieda. No solo no presentó ninguna sino que a la hora de votar los presupuestos se abstuvo, lo cual quiere decir que no estaría muy en contra de ello. ¿Ahora qué pasa? ¿Va a remolque de lo que va diciendo el Partido Socialista?

UPyD siempre se guía por lo que dicen los periódicos. Si los periódicos dicen blanco, ellos son blancos. Si los periódicos dicen verde, ellos son verdes. Es una forma de hacer política y parece ser que no les va mal. No sabemos cuál es su programa, qué es lo que quieren hacer, pero parece ser que no les va mal no diciendo nada.

Parece que el concurso para la gestión de los hospitales de Villalba, Móstoles y Valdemoro despertó más interés entre las empresas. ¿Han sido en este caso las condiciones más exigentes? ¿Cree que el burofax enviado por el PSM ha podido tener algún efecto?

Yo no creo que el burofax haya influido. Lo que sí ha podido influir es que no es lo mismo concursar a un hospital que está vacío que concursar a uno que está lleno. Y el hospital está lleno, es decir, tiene unas plantillas que los pliegos dicen que hay que conservarlas. Cuando uno concursa a algo que está vacio tiene más opciones de movimiento. Eso lo que quiere decir es que nosotros hemos defendido, por encima de todo, en primer lugar, los intereses de los ciudadanos y en segundo lugar, los intereses de los profesionales.

El sindicato Amyts ha anunciado que presentará un recurso para paralizar la externalización sanitaria, que se sumará al que ya ha admitido a trámite el TC del PSOE, ¿teme que se pueda paralizar el proceso?

No soy jurista pero entiendo que no. Es decir, ellos pueden presentar los recursos que quieran pero la presentación de un recurso no paraliza. De hecho contra los pliegos se ha presentado recurso en el juzgado, no en el Constitucional. Habrá que esperar a ver lo que dicen los tribunales de justicia. Pero no deben estar ellos muy convencidos de su éxito porque en el Pleno tienen previsto presentar una proposición no de ley el Partido Socialista donde pide que se paralice todo el proceso.  Si estuviera muy convencido de que en los juzgados no iban a ganar no lo intentarían paralizar, pero en cualquier caso, esto lo podría haber hecho en enero, no cuando ya está resuelto el problema. Van a la retranca, porque desde el primer día pensaron que les iba mejor con la confrontación en la calle. Parece ser que no les ha dado resultado, el proceso sigue su marcha y en septiembre estarán funcionando las nuevas administraciones.

En relación a la autogestión de los centros de salud queda pendiente un segundo decreto que regule el estatuto jurídico y la ordenación del ejercicio profesional de las sociedades profesionales que resulten adjudicatarios del contrato de gestión. ¿Se ha avanzado algo? ¿Se conocen los primeros cuatro centros que pasarán a ser gestionados por esta fórmula?

Los cuatro son cuatro que están pendientes de inaugurar o sea que todavía están vacios y por lo tanto, no plantearán ningún problema. No sé cuál será la fecha en la que saldrá esa convocatoria ni las condiciones que tendrán los pliegos, porque yo no estoy en el Gobierno. Estoy en este parlamento y tengo la misma información que la oposición. No juego con ninguna ventaja. Primero vamos a resolver esto y si no nos lo impugnan pues seguiremos andando.

A mí me gustaría destacar que todas las críticas que se han hecho y todas las propuestas contra este programa ninguna es creíble. Porque el presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid que son 7.100 millones de euros, se distribuyen, aproximadamente, unos 4.000 millones en personal, 2.000 millones en gasto farmacéutico y el resto, 1.100 millones es el resto de gasto sanitario. Intentar restar 500 millones a la partida de 1.100 es imposible. Por lo tanto, tendrán que entender que habrá que tocar el capítulo 1, la farmacia, pero que lo digan.

El PSM recriminaba en el Pleno que Madrid es la única comunidad que no tiene un Plan de Salud. ¿Qué valoración hace de estas declaraciones?

El señor Freire yo creo que es un buen profesional, quizás sea un buen técnico pero es muy mal político. Él ha sido consejero en una comunidad autónoma y ya sabrá por qué perdió las elecciones. Es verdad que en Madrid hubo un plan de salud que hicieron los socialistas que si hubieran ganado las elecciones y se hubiera cumplido a rajatabla, solamente se hubiera construido el Hospital de Fuenlabrada, que es lo único contemplado en ese plan de salud.

La planificación sanitaria a mi me parece bien, pero es que la sanidad no es una cosa inmóvil. Intentar hacer homogéneo algo que es heterogéneo es imposible. Es decir, cuando uno distribuye con ‘el sistema cubano’ por el que tiene que haber un médico, pediatra por cada 700 cartillas, hombre, pues hay barrios en los que con 700 cartillas el pediatra va con la lengua fuera, y en otros a lo mejor, ve uno o dos enfermos al día, porque las poblaciones no son homogéneas. Y lo mismo ocurre con las personas mayores. Cuando a un médico de familia le asignan un número determinado de cartillas, si te toca un barrio donde hay muchas personas mayores que consumen más sanidad, pues van más forzados que al que le toque un barrio nuevo donde todos son jóvenes donde probablemente la mayoría no tienen que ir al médico. Ese es su error.

Asimismo, se espera que en las próximas semanas se ponga en marcha el grupo de trabajo que desarrollará los indicadores de calidad que evalúen la atención prestada por los centros sanitarios madrileños. ¿Se han definido ya estos indicadores?

No. Se está avanzando en ello. Los indicadores están ya algunos establecidos porque se están aplicando a los hospitales que ya están funcionando en régimen de concesión pero eso se va a reestructurar. Una de las preocupaciones que tienen estos pliegos y este sistema de externalización es garantizar la calidad de la asistencia a los ciudadanos.

UPyD criticaba hace unos días que se estaba facturando la asistencia de urgencia a los inmigrantes irregulares. ¿Es así?

UPyD lo que tendría que tener es sus ideas claras porque me da la impresión de que no las tiene.

Uno tiene que leerse la Ley General de Sanidad, que está vigente, y que por cierto la hicieron los socialistas y la votó Izquierda Unida. Entonces la presidenta de UPyD era socialista y por lo tanto estaba de acuerdo con esa ley. Esa ley en sus artículos 1 y 2 define a quien se le puede aplicar, y dice claramente que aquellas personas que no son españolas no pueden ser atendidas, salvo que haya convenios específicos. Eso lo dice la Ley General de Sanidad, por lo tanto, una cosa es que se les pase la factura, pero tenemos que saber lo que cuestan las cosas. Entre otras cosas, si un ciudadano está empadronado no debe tener ningún problema y si no lo está, estará en alguna situación irregular.

Otra de las medidas que ha levantado críticas ha sido la jubilación forzosa a los 65 años. ¿Se está procediendo a sustituir a las personas que han dejado de ejercer?

El convenio marco que existe del personal estatutario dice que la jubilación forzosa se produce a los 65 años. Y esa jubilación se aplica prácticamente en todas las comunidades autónomas, incluidas las que gobierna el Partido Socialista, que son pocas pero las gobierna. Y en algunas donde UPyD sostiene al gobierno como es el caso de Asturias, se aplica. En Madrid no se había aplicado exactamente pero lo único que se ha hecho es aplicar la ley.

Quiero destacar una cosa: cuando se puso en marcha el plan de medidas de garantía sanitaria si en lugar de hacer manifestaciones en la calle y defender el eslogan de “La Sanidad no se vende, se defiende”, hubieran defendido que el ahorro había de producirse en el capítulo de personal y que entre las medidas iba la de la jubilación a los 65 años, probablemente los hubieran defendido mejor a los profesionales que ahora cuando les han aplicado la normativa. La normativa lo único que hace es aplicar la ley. Yo no estoy ni a favor ni en contra.

Javier Rodríguez responde a las preguntas de Cristina Mouriño, coordinadora de Comunidades Autónomas de Redacción Médica.

El TC ha decidido mantener por el momento la suspensión del euro por receta, ¿teme que quede paralizado definitivamente? ¿se plantean otra alternativa que genere el ahorro que preveían con esta?

La verdad es que el Tribunal Constitucional ha tomado esa medida y nosotros hemos tomado una decisión: no vamos a hacer nada hasta que el tribunal se defina sobre el fondo de la cuestión, es decir, cuando digan si eso es constitucional o no lo es, porque nosotros entendemos que sí. Pero como está presentado el recurso parece lógico que hasta que discutan y nos digan el fin del fondo de la cuestión nosotros no tomemos una decisión. Hay comunidades donde esto lo tienen aplicado pero la situación es distinta.

Cuando Rodríguez Zapatero puso en marcha un sistema de financiación de la sanidad dijo que a cada comunidad autónoma la autorizaba a que pudiera subir cuatro céntimos el consumo de los carburantes para financiarla. Esos cuatro céntimos están aplicados en muchas comunidades autónomas. En la Comunidad Autónoma de Madrid solo hay aplicado uno. ¿Y por qué no hemos aplicado los cuatro? A nosotros nos parece más lógico, con los inconvenientes que pueda suponer para los afectados, que el gasto sanitario lo pague la persona que lo tiene que consumir, no que lo tengan que pagar los taxistas y los transportistas, ¿por qué hay que castigar solo a los que utilizan el transporte?.

Esta es la razón por la que se decidió el euro por receta. Si entienden que es inconstitucional, nosotros entendemos que está dentro de las normas que pueden aprobar las comunidades autónomas. Si no es así ya nos lo dirá el Tribunal Constitucional y lo acataremos.

¿Cree necesario que se centralice más en el Estado la gestión sanitaria?

Hay un problema que tiene la sanidad en España. El marco regulatorio es la Ley General de Sanidad y esta norma contempla que el sistema tiene que ser igual en todas las comunidades autónomas, por lo tanto, tiene que existir una equidad. Con el advenimiento de las comunidades autónomas la verdad es que se empiezan a producir desequilibrios porque todas las autonomías no tienen los mismos servicios, ni se les ha transferido lo mismo.

Esos desequilibrios deberían de corregirse a través de un cambio de funciones del Consejo Interterritorial. Tendría que haber un fondo de compensación que funcionara y que ahora no funciona. No son lo mismo los hospitales que se transfirieron a Madrid, que eran hospitales de máximo nivel; que los que se transfirieron a Castilla-La Mancha. Si a nosotros nos dan el ‘palacio real’ no podemos pretender que para mantenerlo nos den lo mismo que al que le han dado una ‘choza’. Al que le han dado una ‘choza’ le tienen que dar más dinero para que en su día pueda ser un ‘palacio real’. Como eso no lo analizan, pues se hacen esos planteamientos, pero creo que las cosas van por buen camino.

Balance del curso político (iniciativas más relevantes en el ámbito sanitario)

El curso político desde el punto de vista del Partido Popular es un curso complicado pero positivo porque lo que se pretende es tomar medidas para hacer que la sanidad pública siga siendo viable. Si nosotros tenemos menos recursos no tenemos más opciones: o dar menos servicios o ahorrar de algún sitio. No hay otra fórmula. Si tenemos 500 millones de euros menos habrá que tratar de encauzarlo de alguna forma. Creemos que con este plan se pueden ahorrar esos 500 millones sin que haya un detrimento de la calidad de la asistencia a los ciudadanos.

Las encuestas que tenemos de satisfacción de los ciudadanos que son atendidos en el Rey Juan Carlos de Móstoles o en el Hospital de Torrejón no nos dicen que estén mal atendidos. Es más, si preguntas a los ciudadanos si el hospital es de gestión pública o privada ni lo saben. Yo como ciudadano cuando uso un servicio público veo si funciona bien o funciona mal pero probablemente no sé quien lo gestiona.

Creo que las medidas que se han tomado son positivas. Cosa distinta es que a la oposición no le guste. Hablaba usted antes del plan de salud de los socialistas que tenía su vigencia del año 95 al 2005 llevaba implícito el cierre de 1.500 camas, a las que había que añadir 2.800 que habían cerrado en años anteriores. Parece ser que a los socialistas se les ha olvidado que esa imagen que se producía en Madrid hasta no hace muchos años de colas en los pasillos de Urgencias han desaparecido. ¿Qué al Partido Socialista no le gusta? Hombre claro. Ni uno solo de los hospitales que hay en la Comunidad de Madrid le han hecho los socialistas. Lo que sí han hecho es cerrar 2.800 camas.

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