Podemos presenta su estrategia 'anti-copago' para los más vulnerables

El grupo parlamentario Podemos quiere que la comunidad preste ayuda económica a los colectivos más vulnerables para que no sufran “Pobreza Farmacológica” tras la aplicación del copago farmacéutico. A juicio de la formación, la reducción del gasto sanitario en la Administración “de 10.000 millones” de euros ha puesto “en riesgo la virtud redistributiva y solidaria de nuestro sistema, acentuando los problemas de desigualdad”. Por ello ha presentado una Proposición no de Ley en la Asamblea de Madrid en la que diseña una estrategia que pone los ojos en las que ya están implementadas en la Comunidad Valenciana o el País Vasco.

Podemos propone que se constituya un mecanismo de evaluación periódica de los copagos para identificar “a los colectivos en mayor riesgo de padecer la denominada Pobreza Farmacológica”. También implantar ayudas económicas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos sujetos a financiación pública en: afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad, perceptores de rentas de integración social, pensionistas no contributivos, parados en situación de subsidio y quienes estén en tratamiento por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Al señalar que ninguno de estos están incluidos entre los exentos por el Real Decreto 16/2012.

Entienden que estas ayudas las debe ofrecer el Gobierno de la comunidad “en el marco de sus políticas sociales” con el fin de “reembolsar los copagos farmacéuticos efectuados en medicamentos prescritos por el personal facultativo del Sermas”. Por otro lado, también deben proteger a personas cuya renta o pensión sea inferior a 60.000 euros; desempleados con o sin subsidio; personas con discapacidad del 33 por ciento o superior, con o sin hijos a su cargo; y ‘sin papeles’ con insuficiencia económica.

El partido también solicita que se programen reembolsos semestrales que se harán efectivos una vez solicitados y presentando las facturas correspondientes. Toda una batería de medidas proteccionistas cuya cuantía quieren que se incluya en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2017.