La OMC cursó la denuncia de Atrio contra Arribas a pesar de que incluía ‘e-mails’ personales

Cristina Mouriño. Madrid
En dos semanas se cumple un año de la presentación ante la Organización Médica Colegial (OMC) de la denuncia de cinco miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid, entre los que figuran la vicepresidenta y el secretario, Ana Sánchez Atrio y Emilio Villa; contra la presidenta de la corporación colegial, Sonia López Arribas, por supuesta revelación y trasvase de información de la institución a personas ajenas a la misma.

López Arribas.

Esta semana el Juzgado nº 50 de Madrid ha citado a declarar como imputados, el próximo 9 de diciembre, a Sánchez Atrio, Villa y el letrado jefe del colegio, Carlos Hernández, con motivo de la querella que contra ellos han presentado Sonia López Arribas, su marido Joaquín Ruiz, y Antonio Mora, ex director general del colegio por supuesto delito de violación de correspondencia y revelación de secretos. Según ha podido saber Redacción Médica, la querella está relacionada con el acceso no autorizado y la selección de cierto número de correos electrónicos privados de la presidenta, su marido y el exdirector general; y la posterior revelación de esos correos, entre otros, a la Organización Médica Colegial (OMC).

La denuncia de Sonia López Arribas en octubre de 2013, comienzo de todo el proceso

Para entender lo ocurrido hay que remontarse más de un año atrás. De acuerdo con el informe de la Comisión Central de Deontología de la OMC sobre las denuncias cruzadas entre la presidenta y el resto de la junta directiva del Colegio de Madrid, filtrado a la prensa el pasado mes de marzo; a partir del 9 de octubre de 2013, Sonia López Arribas fue la primera en interponer varias denuncias ante la OMC, contra la vicepresidenta y el secretario por lo que la presidenta consideraba irregularidades graves en el colegio, que, según dicho informe, incluían faltas de respeto hacia su persona y suplantaciones de su figura como presidenta. Tal y como puede leerse en dicho informe, López Arribas solicitó entonces amparo a la Organización Médica Colegial para restablecerla en sus funciones, la intervención formal del Consejo General en los órganos de gobierno del Colegio de Madrid, y la suspensión cautelar de funciones de la vicepresidenta y el secretario del colegio.

Algo más de un mes después, el 18 de noviembre de 2013, es cuando se registró la denuncia citada anteriormente de los cinco miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid contra la presidenta, Sonia López Arribas. En esta denuncia se aportaba un acta notarial “levantada por el Notario D. Antonio Luis Reina Gutiérrez el 8 de noviembre de 2013, en la que se recoge la literalidad de los email”, según señala el informe de la Comisión Central de Deontología de la OMC, es decir, en el que se debía incluir la impresión de una selección de correos electrónicos enviados por Antonio Mora desde su dirección de correo corporativa, que son los que presuntamente habrían resultado ser enviados desde direcciones de correo particulares, por Sonia López Arribas y personas de su entorno.

Juan José Rodríguez Sendín.

La presidenta ya cuestionó en sus alegaciones el acta notarial

En su escrito de alegaciones a la OMC, la presidenta ya “cuestionaba el acta notarial” y le trasladaba que “no explica cómo se ha accedido a la cuenta del exdirector general, Antonio Mora, ni quien ha proporcionado las claves para hacerlo”.

Asimismo, afirmaba que “el notario no comprueba si los correos impresos o grabados corresponden a la cuenta corporativa del colegio”, dudando, por tanto, de la “legitimidad del acceso al correo de Mora, ya que en el acta notarial también se incluyen correos enviados desde su dirección particular del dominio gmail.com”.

El Informe de la Comisión Central de Deontología de la OMC, fechado el 25 de enero de 2014, recogía una descripción de los originadores, destinatarios y contenido de muchos de esos correos, aun reconociendo en la descripción del primero de ellos que era privado y que ningún miembro de la Junta Directiva era destinatario de él (“email de 6 de junio de 2013 enviado desde la dirección de correo particular de López Arribas a varias personas ajenas al Colegio…”).

A pesar de este reconocimiento expreso en el propio Informe ya en enero de 2014, lo cierto es que aparentemente se permitió que la denuncia continuara con su curso y, como cualquier otra en la OMC, fuera comunicada en marzo, junto con el Informe de la Comisión Deontológica, a todos los Colegios Médicos de España, que integran la OMC junto con su Comisión Permanente y las Vocalías Nacionales, todos los cuales, supuestamente llegaron a tener en sus manos los correos privados de la presidenta, su marido y el exdirector general del colegio.

En su Asamblea de marzo de 2014 la OMC decidió expedientar a la presidenta, vicepresidenta y secretario con una sanción grave que suponía la inhabilitación de los tres cargos por un tiempo inferior a un año. Sin embargo, después de su Asamblea del 30 de agosto, la presidenta acabó siendo la única sancionada en ese proceso pero esta vez por falta menos grave. A la vista de los hechos, cabría preguntarse si la resolución de la OMC de sancionar solo a la presidenta sería revisable, por ejemplo, en caso de que el juez anulase, por ilegítimamente obtenidas, todas las pruebas relacionadas con los correos privados aportados.

Fuentes jurídicas consultadas por Redacción Médica aseguran que “en principio, la decisión de la OMC de tramitar la denuncia de Sánchez Atrio y Villa contra López Arribas en la que se adjuntaba el acta notarial que contiene esos correos electrónicos privados no tendría efectos desde el ámbito judicial para la corporación”. “En todo caso serían desde el punto de vista administrativo”, señalan las mismas fuentes.

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