Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, frente a Antoni Comín, consejero de Salud de la Generalitat.
El Gobierno capitaneado por
Carles Puigdemont no quiere que los altos directivos de las instituciones de la Generalitat
den su opinión personal en público. Por ello ha aprobado el
Código de conducta de altos cargos y personal directivo de la Administración y de las entidades del sector público. Un texto en cuyo punto 5.14 se encarga de
“restringir las reflexiones a título personal en las comparecencias públicas”.
La medida, que paradójicamente se ampara en la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que configuró el extinto Ejecutivo de Artur Mas, afecta a la sanidad en la medida que a ella han de someterse los directivos de los centros
adscritos al Instituto Catalán de la Salud (ICS). Es decir, que los altos mandos de los Hospitales Universitarios de Arnau de Vilanova (Lleida), Doctor Josep Trueta (Girona), Germans Trias i Pujol, Joan XXIII (Tarragona), Bellvitge y Vall d'Hebron, así como Viladecans y Verge de la Cinta de Tortosa, no podrán manifestar una sola opinión propia si se dirigen al público en calidad de su cargo. De la misma forma que no lo pueden hacer el resto de altos cargos dependientes del ICS.
La medida resulta restrictiva si se tiene en cuenta la anterior normativa que regía estos hábitos. Según el
Código de buenas prácticas para los altos cargos de la Generalitat de Cataluña, hecho público el 19 de noviembre de 2013, lo que se indicaba era: “En cualquier comparecencia pública se pueden hacer reflexiones a título personal, pero sin olvidar que la condición de alto cargo no se puede abandonar y recuperar en un mismo contexto”. Un cambio en las órdenes del Govern que para el ámbito sanitario permite a su consejero, Antoni Comín, controlar en gran medida las notas discordantes que pudieran llegar de la Administración pública sanitaria de la región.
Aprovechando San Juan
Esta suerte de
‘ley mordaza’ que afecta a diversos directivos sanitarios está haciendo efecto en su comportamiento ante la opinión pública. Así, fuentes del entorno directivo sanitario catalán han explicado a Redacción Médica que es “muy complicado” que cualquiera de ellos hable abiertamente de esta situación, si bien afirman que “es un problema que están padeciendo desde hace meses”.
La maniobra política que dio salida a este nuevo código tuvo dos detalles peculiares. El primero, que se publicó en el Boletín de la comunidad autónoma el 23 de junio, un día antes de la festividad de San Juan, que corresponde a toda Cataluña. Además, la misma jornada en la que se dio salida a esta normativa, se aprobó la recuperación parcial de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público de la Generalitat de Cataluña y otras medidas urgentes en materia de personal.
Desde la Consejería sanitaria han reaccionado a esta información asegurando que se trata de una norma que afecta
a todos los altos cargos de la Generalitat, no solo a los de Salud (aunque no les exime), del mismo modo que aclaran que solo afecta a los máximos responsables de las instituciones sanitarias públicas. Del mismo modo, han matizado que la prohibición de que den opiniones personales en las comparecencias públicas, de nuevo no solo se restringen al ámbito sanitario sino a todos los altos cargos de la Administración catalana.
ENLACES RELACIONADOS:
Código de conducta del año 2016.
Código de buenas prácticas del año 2013.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.
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