![]() Iñaki Antón, vicepresidente de Ascad. |
Así lo ha explicado el vicepresidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad), Iñaki Antón, que concreta que el Instituto Catalán de Estadística (Idescat) ha certificado 2.645 pliegues con 62.604 firmas, de las que acostumbran a ser nulas entre el 3 por ciento y el 5 por ciento.
De este modo, se han superado las 50.000 rúbricas que se necesitan para lograr que la iniciativa se debata en el Parlamento, cuya Mesa admitió a trámite la ILP a mediados de abril –paso previo para la recogida de firmas–, pese a que un informe del Ejecutivo autonómico desaconsejaba su tramitación por el “impacto presupuestario” que supondría una medida de este tipo.
El propósito de Ascad –promotora de la iniciativa– es blindar por ley los pagos a los ancianos con más dependencia (grado 3), entendiendo que representan “uno de los eslabones más débiles de la sociedad, por lo que debería ser una prioridad proteger sus derechos básicos”.
Con más de 50.000 apoyos ciudadanos, la ILP se trasladará próximamente al pleno del Parlamento para que los grupos debatan si se introduce alguna medida que bloquee las partidas de los presupuestos que se destinan a este colectivo, protegiéndolo así de posibles problemas de tesorería de la Generalitat y garantizando la aplicación de la ley de dependencia.
Recogida de firmas
Según Antón, lo que más ha sorprendido a los organizadores durante la recogida de firmas es la respuesta de los jóvenes, un sector que ha participado de una forma especialmente activa: “Es bestial la sensibilización y la empatía que tienen los más jóvenes con los más débiles de la sociedad”.
Ha criticado a los partidos que “se excusan” en los impagos del Estado para no querer blindar los pagos a los ancianos más vulnerables, y ha confiado en que la ILP se acabe convirtiendo en una ley.