Sede de la Consejería de Sanidad de Castilla y León.
La Fiscalía de
Castilla y León ha archivado la causa contra la
Consejería de Sanidad por la contratación de médicos con títulos sin homologar en centro de Atención Primaria, según han informado fuentes del departamento castellanoleonés. Tras su investigación, el Ministerio Público ha dictaminado que esta decisión estuvo destinada a paliar “las acuciantes necesidades de medios materiales y personales” provocados por la pandemia del Covid-19.
“La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia por Covid-19 exigió la adopción de
medidas urgentes de prevención y contención”, sostiene el Ministerio Público, que avala de esta forma la gestión realizada por la Consejería de Sanidad por pretender
“beneficiar y proteger la salud” de la ciudadanía.
La
denuncia fue interpuesta en 2022 contra varios miembros de la Consejería sanitaria de la región. Un facultativo de Palencia ya jubilado les imputó de un delito de posibles delitos de prevaricación e intrusismo por permitir trabajar “sin supervisión” a “médicos de Familia que
aún no tienen la especialidad”, así como a otros facultativos procedentes de países extracomunitarios que no han conseguido homologar el grado.
El escrito de denuncia entró en el Ministerio Público el 24 de octubre del pasado año y en el mismo el denunciante, que ejercía en el Centro de Salud de Guardo (Palencia), apelaba a la necesidad de denunciar por su condición de “empleado público”.
Peligro "inminente" de colapso en Primaria
La denuncia que dio lugar a la investigación se dirigía al consejero, así como a otros cargos públicos de las propias
Gerencias Territoriales del Sacyl en cada provincia de la Comunidad, lo que ha llevado al Ministerio Fiscal ha solicitar a la Consejería de Sanidad la documentación necesaria para el esclarecimiento de los hechos denunciados, según informaron a Europa Press fuentes fiscales.
Finalmente, el Ministerio Público ha resuelto archivar la denuncia “a la vista de la
evolución de la pandemia ocasionada por el Covid-19”, que suponía “un peligro inminente de colapso de la atención primaria (que debía prestar atención, además de a los problemas de salud no relacionados con el coronavirus, a la patología covid), unido a la dificultad en la sustitución de profesionales sanitario”.
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