Redacción. Santander
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado hoy una orden por la que se aprueba el aumento de la cuantía destinada a gastos personales para personas con discapacidad menores de 65 años, que sean usuarias de residencias de atención básica, de viviendas tuteladas y de alojamientos supervisados. De esta forma, se verá reducida la aportación que debe realizar cada usuario según su capacidad económica dependiendo del servicio residencial utilizado.
![]() María José Sáenz de Buruaga, consejera de Sanidad y Servicios Sociales. |
Según la nueva regulación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, estas personas verán aumentada un 25 por ciento adicional, hasta un 44 por ciento del Iprem, la cantidad mínima para gastos personales, una iniciativa aprobada en el Consejo Territorial de julio de 2012, con el fin de proporcionar un mayor apoyo de su autonomía personal.
El pasado año, el Consejo Territorial aprobó por unanimidad de todas las comunidades autónomas con el Estado una serie de propuestas de mejoras del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con unos criterios mínimos de aplicación en todo el territorio nacional; entre ellas, el establecimiento de un mínimo exento en la participación de los servicios que se fijaba en un Iprem, salvo para los servicios de atención residencial, en los que se determina un mínimo garantizado del 19 por ciento del mencionado índice, (101 euros) reservado para gastos personales.
En el caso de las personas en situación de dependencia por razón de su discapacidad, atendiendo a su edad y mayores apoyos para la promoción de la autonomía, la resolución del citado acuerdo señalaba que se incrementará para estas personas los gastos personales en un 25 por ciento.
Si bien este mandato no ha sido aún desarrollado por Real Decreto del Gobierno central, el Gobierno de Cantabria ha querido dar cumplimiento al acuerdo y lo ha hecho con esta orden publicada en el día de hoy, estableciendo en un 44 por ciento del Iprem, (234 euros) el dinero para gastos personales para las personas con discapacidad menores de 65 años, que tengan reconocida la dependencia y ocupen una plaza de servicio residencial de atención básica, de vivienda tutelada o alojamiento supervisado del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.