Comienzan el trabajo para pagar la extra de 2012 al funcionario

Brígida Mendoza, consejera de Sanidad.

Redacción. Las Palmas
El Gobierno de Canarias ha anunciado que iniciará los trabajos para formalizar el pago de la parte devengada de la paga extra de 2012 al personal laboral de la Administración autonómica. Así, la Dirección General de Función Pública realizará el cálculo de este pago tras la notificación de la sentencia dictada por la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que reconoce al personal laboral de la comunidad el derecho de cobro de la parte devengada de esta paga entre el 1 de mayo y el 14 de julio de 2012.

La paga extraordinaria de 2012 fue suprimida íntegramente en aplicación del Real Decreto Ley 20/2012, que entró en vigor el 14 de julio. Su aplicación resultó de obligado cumplimiento para todos los niveles de la Administración Pública ya que esta medida fue aprobada con rango de normativa básica para todo el Estado.

Por su parte, en la Administración autonómica, el personal laboral cuenta con 7.126 efectivos, que son los afectados por esta sentencia del TSJC. Respecto al resto empleados públicos de la comunidad autónoma, el Gobierno de Canarias debe esperar a la resolución judicial en el orden jurisdiccional correspondiente, en este caso 51.938 efectivos.

El Gobierno de Canarias prevé que la resolución que afectará a los demás trabajadores de la Comunidad será en términos similares a los establecidos por el TSJC para el personal laboral, pero debe esperar a la resolución judicial para poder hacer efectivo el pago.

28,3 millones para hacer frente a la sentencia

El Gobierno de Canarias reservó 28,3 millones de euros en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2014 con el propósito de hacer frente a la ejecución de estas sentencias, sabedor de que las resoluciones judiciales estimarían parcialmente los argumentos esgrimidos por los empleados públicos contra la supresión de la paga extra que impuso en 2012 el Gobierno de Rajoy.

De este modo, el Ejecutivo regional apuntó que la ejecución de estas sentencias no producirá desestabilización en las previsiones de gasto ni generará déficit a la hacienda autonómica.