El Simpa se querella contra la directora médica del HUCA por conculcar el derecho de huelga

Redacción. Oviedo
El Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA) ha anunciado la presentación de una querella criminal contra la directora  médica del Hospital Central (HUCA), Isabel Palacio, por “conculcar el derecho de huelga”. Concretamente, han acusado a la responsable hospitalaria de no permitir que médicos huelguistas a los que les correspondían servicios mínimos cambiasen su turno por facultativos que sí querían trabajar.

Isabel Palacio, directora del HUCA.

El sindicato ha asegurado a través de un comunicado que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) “miente flagrantemente al afirmar que médicos de mínimos han abandonado sus puestos de trabajo en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)”. Este sindicato ha recordado que la dirección del HUCA, avalada por la gerencia del Sespa, viene negando el cambio de médicos en servicios mínimos que quieren secundar la huelga por facultativos no huelguistas dispuestos a trabajar.

Esta práctica, ha explicado el sindicato, “está amparada por el Tribunal Supremo, por lo que el sindicato entiende que la negativa a facilitar esta permuta tiene como único objetivo conculcar el derecho constitucional a la huelga”. Así pues, “dada la gravedad de los hechos, los servicios jurídicos de este sindicato presentarán una querella criminal contra la directora médica del HUCA, Isabel Palacio, y otros posibles responsables”, han informado.

El Simpa ha asegurado poder demostrar documentalmente que es radicalmente falso, tal y como aseguran los gestores del Servicio de Salud, que médicos en servicios mínimos del HUCA dejen sus puestos de trabajo al no recibir autorización para ser sustituidos por facultativos no huelguistas. De hecho, el Simpa ha dicho tener “pruebas por escrito de jefaturas de servicio que avalan que los médicos cuestionados no han faltado a sus puestos de trabajo”.

El sindicato médico ha rechazado “la utilización de la mentira como estrategia y subraya que el único objetivo del Servicio de Salud es tratar de evitar que los facultativos que lo deseen hagan valer el derecho constitucional a la huelga”. Así, considera estos hechos “particularmente graves por cuanto la Administración autonómica debería ser garante del cumplimiento de la legalidad”.