El Gobierno ultima un decreto de garantías sanitarias

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ha expresado su oposición frontal a la proposición de ley de garantías de las prestaciones sanitarias presentada por el PP de Asturias porque, según ha declarado, “solo busca trasvasar recursos de la sanidad pública a la privada con medidas que no solo no mejoran la salud de las personas, sino que, además, ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema público”.

En este sentido, ha señalado que la propuesta de los populares “es un mero corta y pega de las regulaciones de Cantabria y Galicia”. Por el contrario, ha subrayado que el decreto de garantías que está ultimando el Gobierno regional “es mucho más riguroso desde el punto de vista técnico, defiende mejor los derechos de los usuarios y no pone en jaque el sistema sanitario”.

Y es que, la portavoz del PP regional, Mercedes Fernández, ha afirmado que "Asturias debe tener una Ley de Garantías en las Prestaciones Sanitarias". Y ha añadido que el texto presentado por su partido busca "dar tranquilidad y seguridad a los asturianos".

Fernández ha centrado la proposición en cuatro principios: unos tiempos máximos de espera para las cirugías, primeras consultas especializadas y pruebas diagnósticas; la libre elección de médico de familia, personal de enfermería y pediatra en la Atención Primaria, así como del centro hospitalario en el que someterse a operaciones o pruebas; una segunda opinión médica ante patologías de especial gravedad; y el derecho a la información y las instrucciones previas al tratamiento y posteriores al fallecimiento si este se produjera.

También, según ha asegurado, se deben regular los tiempos de espera para que sean “como máximo de 120 días para operaciones programadas no urgentes, 45 días para primeras consultas con médicos especialistas y 45 días para pruebas diagnósticas”. “Los pacientes, inscritos en un nuevo registro, podrán  elegir hospital y, si la asistencia no pudiera darse dentro del plazo, decidir si continúan en la lista o acuden a un centro concertado”, ha detallado.

El Gobierno cree que es “una derivación express”

Por su parte, la Consejería no está de acuerdo con los plazos máximos que defiende el PP, porque fomentan una “derivación express” de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas hacia el sistema privado, ni apoya que estos tiempos “se apliquen indiscriminadamente en todos los procedimientos y patologías, incluso en aquellas que no comprometen la salud de los afectados ni suponen un problema para el ejercicio de las actividades de la vida cotidiana”. Por el contrario, el Gobierno de Asturias trabaja en un decreto de garantías “que aporte transparencia y calidad y  beneficie al paciente”.

El consejero también critica la necesidad de fijar periodos excesivamente cortos para demandar una consulta privada “porque no evita pruebas y puede incluso motivar la repetición de técnicas”, ya que el paciente que ha sido visto en una clínica privada antes o después deberá volver al sistema público para que se le realicen los tratamientos necesarios.