El BOE oficializa la ley de ética pública que pretende fomentar las prácticas de buen gobierno entre los funcionarios

Un nuevo código de conducta regirá la labor de los sanitarios aragoneses
El presidente de la Diputación General de Aragón, Javier Lambán.


8 sept. 2017 10:10H
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POR NACHO CORTÉS
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas del Gobierno aragonés que fomentará las prácticas de buen gobierno de los funcionarios públicos de la administración autonómica, entre los que se encontrarán los profesionales sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. Así, se pretende luchar contra la corrupción e intensificar el control sobre la actividad de los cargos públicos. 

Los empleados públicos deberán ajustar sus actuaciones al código de conducta y a los deberes previstos en esta normativa reguladora como pueden ser: dedicación al servicio público, eficacia, profesionalidad, integridad y responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas o ejemplaridad, austeridad y honradez, entre otros.

La ley prevé la creación y regulación de la Agencia de Integridad y Ética Públicas que se encargará de vigilar el cumplimiento de la normativa aprobada por las Cortes el pasado 1 de junio.

Entre sus objetivos también se encuentran impulsar la evaluación de políticas públicas como instrumento para garantizar su adecuado diseño y ejecución; establecer, a través del código de buen gobierno, los principios éticos y de conducta para las autoridades y cargos del sector público autonómico o establecer y fomentar el cumplimiento de los códigos de conducta de los
empleados públicos.

Según recoge la legislación, está previsto que "la Administración educativa impulse la realización de acciones de formación específicas tendentes a sensibilizar al profesorado respecto a los derechos y obligaciones previstos en la presente ley". En este sentido, las universidades del sistema aragonés integrarán gradualmente en sus enseñanzas contenidos relacionados con la integridad y la ética públicas para impulsar su difusión, conocimiento y seguimiento efectivos, incorporándolos a las guías docentes de asignaturas en titulaciones de grado o máster y a través de actividades académicas
complementarias de carácter transversal.


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