Se ha investigado la venta ilegal de fármacos a otros países desde boticas de varias comunidades



6 nov. 2014 16:48H
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Redacción. Zaragoza
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, ha cifrado en 139.000 euros el perjuicio que podría haber realizado la farmacia de la localidad turolense de Palomar de Arroyos, a cargo del Salud, con la venta ilegal de medicamentos.

Ricardo Oliván.

Oliván ha comparecido este jueves en la sesión plenaria de las Cortes a propuesta del grupo socialista y ha explicado cómo se han desarrollado las operaciones Pharmakon, que afecta a Palomar de Arroyos y que se inició a raíz de una denuncia ciudadana ante el Salud, y la subsiguiente, Convector, en la que se ha investigado la venta ilegal de fármacos a otros países desde boticas de varias comunidades autónomas.

En total se han dispensado ilícitamente unos 123.000 envases, se han facturado 1,5 millones de euros y están implicadas 14 farmacias de la comunidad, el dos por ciento del total, y siete almacenes de toda España. El consejero ha expuesto que el Departamento comenzó a actuar hace más de un año, cuando se detectó la defraudación en Palomar de Arroyos y los servicios de inspección de Salud contabilizaron 14 incorrecciones en el cobro de recetas. El Departamento elaboró un informe a comienzos de 2014 indicando que había, en este municipio, 190 recetas no dispensadas a pacientes y que el fraude alcanzaba los 3.475 euros.

En este caso, según la investigación, la farmacia daba de baja las recetas del paciente empleando la tarjeta sanitaria como si ya hubiesen sido facturados, sin dispensar los fármacos, y facturándolos después al laboratorio que actuaba en la red como pantalla. Uno de los hechos que ha permitido avanzar en la investigación es la facturación "anormal" de determinados medicamentos.

Así, el Gobierno solicitó la intervención de las Fuerzas de Seguridad para investigar y el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel abrió diligencias, "en todo momento con la colaboración del Departamento". Ricardo Oliván ha dejado claro que las farmacias solo pueden vender medicamentos al consumidor final y que la venta ilegal de fármacos conlleva la comisión de delitos como falsificación de facturas y fraude fiscal, además de alterar la garantía y el control de los suministros. Además, la actuación de esta trama afecta a la política de reducción del Ministerio de Sanidad.

El Salud ha tomado medidas provisionales para asegurar el suministro de fármacos en las zonas en las que se han cerrado establecimientos, ha dicho Oliván, quien ha agradecido la labor de los farmacéuticos de Villanueva de Huerva, Aguarón, Escucha y Valderrobres.
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