CHA presenta una enmienda de totalidad a la ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario

Redacción. Zaragoza
El grupo de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón y 13 enmiendas parciales, todas de supresión, para cada uno de los artículos y disposiciones del texto.

Nieves Ibeas, portavoz de CHA.

CHA argumenta en la motivación de la enmienda a la totalidad que este proyecto de ley "realiza un análisis sesgado de la realidad de la sanidad" en Aragón y tiene por "único objeto" conferir a los profesionales de los ámbitos sanitarios y de servicios sociales el carácter de autoridad pública, de tal forma que gocen de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente.

El planteamiento coincide con el de la Ley de Autoridad del Profesorado, aprobada recientemente en las Cortes aragonesas, explican, para señalar que, en ambos casos, "frente a la preocupante situación que atraviesan la educación y la sanidad pública, frente a la falta de inversión, los recortes en materia de personal y el abandono de los servicios públicos para su posterior privatización", el Gobierno remite un proyecto de ley "que no afronta los importantes problemas de nuestro sistema sanitario público para, simplemente, hacer recaer la relación paciente-facultativo en una mera cuestión de autoridad".

Desde CHA estiman que es "indiscutible" el papel "fundamental" que el conjunto del personal sanitario y de los servicios sociales tiene en sus respectivos ámbitos "y es indudable que cualquier medida que tienda a reforzar el papel de los mismos debe ser apoyada en todos los ámbitos de la sociedad".

Sin embargo, "su mero reconocimiento como autoridad pública no solo supone ignorar deliberadamente cuáles son las carencias fundamentales de nuestro sistema sanitario y de nuestro sistema asistencial, sino que supondrá la existencia de nuevas problemáticas derivadas de la judicialización de la vida sanitaria y asistencial".