Redacción. Córdoba
El portavoz de Sanidad del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Jesús María Ruiz, ha afirmado que el Gobierno del PP, mediante la reforma sanitaria que ha impulsado, ha fijado “una serie de copagos, para los medicamentos, las prótesis, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente, además de para otros servicios sanitarios, que suponen un impuesto a la enfermedad para los más humildes”.
Jesús María Ruiz. |
En una entrevista concedida a Europa Press, Ruiz ha asegurado que el PP, allá donde gobierna, tanto en el Estado como en comunidades autónomas, está actuando para proceder al “desmantelamiento de la sanidad pública, cambiando los elementos claves que la definen, como la accesibilidad a la misma, que se ha limitado para los inmigrantes, a la vez que se está evitando el concepto de la gratuidad de la sanidad mediante el copago, pero no solo de los medicamentos, sino también respecto a prestaciones básicas, como el transporte sanitario no urgente, que usan las personas que precisan hemodiálisis y las que deben recibir rehabilitación tras sufrir traumatismos o patologías cerebrovaculares o cardiovasculares”.
Pero es que también, según ha detallado, “se han establecido copagos para personas enfermas que necesiten alimentos especiales, dietéticos, e igualmente para quienes precisen prótesis, incluidas fajas y collarines, por padecer enfermedades musculoesqueléticas degenerativas o como consecuencia de un accidente”.
En definitiva, según ha subrayado Ruiz, “se están introduciendo una serie de copagos que están castigando a las personas con rentas más bajas, a las que en la práctica es como si se les hubiera aplicado un nuevo impuesto, pues tienen que dedicar ahora una parte muy importante de sus rentas a adquirir medicamentos, a pagar transporte sanitario no urgente o prótesis, lo cual no supone casi nada para las personas con rentas más altas, pero las personas mayores, con pensiones normales, que presentan una gran morbilidad, con pluripatologías, en realidad están siendo las víctimas del que supone un impuesto a la enfermedad, un impuesto por el uso del sistema sanitario”.
Pero lo peor, según ha argumentado el parlamentario del PSOE-A por Córdoba, es que las personas con rentas bajas, ante la tesitura de tener que hacer frente a un gasto sanitario elevado, “renuncien a tener un adecuado nivel de salud, evitando consumir o hacer uso de productos o servicios sanitarios, para así no incurrir en gastos, con el consiguiente riesgo que ello supone para el empeoramiento de la salud pública de la sociedad, de tal forma que el ciudadano con pocos recursos económicos solo acudiría al sistema sanitario en un estadio avanzado de su patología, lo cual empeoraría el estado de salud general y aumentaría los gastos sanitarios totales”.