Andalucía reclama las competencias de sanidad penitenciaria

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A en la que se insta a la Junta a que negocie con el Gobierno central la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria al sistema sanitario público andaluz. La iniciativa ha contado con el apoyo de PSOE-A, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que Vox se ha posicionado en contra.

Se ha aprobado que dicha transferencia vendrá "necesariamente acompañada de la liquidación de la deuda pendiente a la comunidad autónoma y de la correspondiente asignación de recursos económicos y humanos a la misma por el coste real y suficiente de la asistencia sanitaria que se presta a las personas reclusas y que son responsabilidad de la administración penitenciaria, garantizando la sostenibilidad del sistema sanitario público".

Asimismo, se ha instado a la Junta a reclamar al Gobierno que se eliminen los contratos por los que se ha externalizado la asistencia sanitaria en Atención Primaria en los centros penitenciarios de Andalucía.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PP-A Remedio Olmedo ha manifestado que, a día de hoy, no se ha cumplido el mandato legal establecido en la disposición adicional sexta de la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud sobre la citada transferencia, lo que ha ocasionado "importantes deficiencias y repercusiones negativas para la igualdad y equidad en relación a la salud, pero también en la organización de los servicios de salud a la población reclusa".

"Los responsables y profesionales de la sanidad penitenciaria están firmemente convencidos de la necesidad y de las ventajas de integrar la sanidad penitenciaria en los servicios de salud de las comunidades autónomas", según ha señalado. Ha añadido que esta constatación debe llevar a impulsar desde la administración general del Estado y desde la Junta el mandato "legal establecido" y abogar por una asistencia integrada que busque la equidad y la normalización de la sanidad penitenciaria, y la superación de desigualdades.

Por su parte, la diputada del PSOE-A María Márquez considera que el PP-A hace el "ridículo" con esta iniciativa, pidiendo gestionar la sanidad pública en las cárceles en una especie de "acto de fe", cuando la Junta ha "privatizado" el sistema sanitario público.

Vox se posiciona en contra de la propuesta

El parlamentario de Vox Rafael Segovia ha manifestado que hay que cambiar urgentemente la asistencia sanitaria en las cárceles, pero esta iniciativa del PP-A "no es la respuesta que se necesita". Ha señalado que el PP-A ha planteado una solución en la que "no cree" y está "jugando con la esperanza" de los médicos que trabajan en los centros penitenciarios, al tiempo que ha aludido al gasto sanitario que una transferencia de este tipo conlleva.

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha saludado esta iniciativa del PP-A y ha considerado "muy oportuno abordar el debate de la transferencia de la competencia" de la sanidad penitenciaria, "no solo porque sea un mandato legal, sino porque garantiza una mejor atención sanitaria de la población reclusa", según ha defendido antes de destacar además que la última iniciativa que se debatió en el Parlamento andaluz sobre esta cuestión fue a iniciativa de su grupo parlamentario en la pasada legislatura. Además, ha enmarcado esta iniciativa en el "desarrollo estatutario" que defiende su grupo en Andalucía.

El SAS aplaza el concurso de traslados

Este mismo jueves además, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha informado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) va a aplazar hasta septiembre la toma de posesión del concurso de traslados de Medicina de Familia con el objetivo de evitar plazas "descubiertas" en verano, "favoreciendo de este modo una correcta planificación del Plan Verano".

En su intervención a una pregunta sobre la situación del centro de salud de Priego de Córdoba en el Pleno del Parlamento, García ha explicado que dada la fecha y a que el proceso de resolución de la Oferta de Empleo Público de 2022 para la categoría de Médico de Familia aún está en curso, y teniendo en cuenta la "complejidad" de la categoría junto con el periodo estival, se ha tomado esta decisión para facilitar la organización de los centros sanitarios públicos este verano, ha recogido la Junta en una nota de prensa.

En relación con la falta de profesionales sanitarios, en el mismo Pleno, la consejera de Salud y Consumo ha tachado de "fraude" la respuesta del Ministerio de Sanidad a la petición de medidas "extraordinarias" por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP para paliar el déficit de profesionales en el sistema sanitario, una situación que se va a ver agravada este verano ante el hecho de que no se podrá contratar a los MIR de último año, ya que estos terminan en septiembre su formación y no en mayo como es habitual.

"¿Por qué no da soluciones extraordinarias a un problema extraordinario y excepcional que vamos a sufrir este verano?", se ha preguntado la consejera en su intervención de respuesta a la pregunta formulada por el grupo parlamentario socialista sobre la ratio de enfermeras en la comunidad. García ha contestado así a la ministra de Sanidad, Mónica García, quien este pasado miércoles acusaba a los consejeros de Sanidad del PP de querer utilizar a los residentes de último año durante este verano como "mano de obra barata" y de intentar "avalar irregularidades" queriendo que "terminen su formación tres meses antes".

García avisaba recientemente de que la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) contará este verano con "un 16 por ciento menos" de plantilla que el año pasado por esas mismas fechas, en alusión a los 500 cupos de Médico Interno Residente (MIR) que no están cubiertos en la comunidad por falta de profesionales y a las 489 jubilaciones que se producirán en 2024. Además, hay 5.281 profesionales de Atención Primaria que "tienen que irse de vacaciones".

Confirmaba en ese momento que este próximo 14 de junio el Ministerio de Sanidad ha convocado un nuevo Consejo Interterritorial en el que, sin embargo, "no viene en el orden del día nada" relacionado con una propuesta - impulsada por las comunidades gobernadas por el PP- para poder contratar este verano a los MIR que terminarán su formación el próximo mes de septiembre, en vez de en mayo, como es habitual - situación excepcional derivada de la pandemia -.

La consejera ha destacado también en materia de personal la cifra histórica de 35.000 enfermeras en el sistema sanitario público de Andalucía. En este punto, ha recordado los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad que revelan la convergencia de Andalucía con las ratios medias de personal del país. De este modo, en Atención Primaria, en 2018 la tasa de enfermeras por 1.000 personas en Andalucía era de 0,57, mientras que la española se situaba en el 0,66. En cambio, en el último dato publicado por el Ministerio, Andalucía tiene una tasa de 0,70, al igual que la tasa española, que igualmente está en el 0,70.