El sida sigue siendo la principal causa de muerte en mujeres en edad reproductiva, según un informe de ONUSIDA

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El sida sigue siendo, cuarenta años después de su aparición, la principal causa de muerte de las mujeres de entre 15 y 49 años, y alrededor de 6.000 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años adquieren el VIH cada semana, según ha advertido un informe de ONUSIDA publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo.

El documento muestra que las marcadas desigualdades e inequidades entre hombres y mujeres siguen haciendo que las mujeres y las niñas sean más vulnerables al VIH. "La epidemia de VIH es un espejo de las desigualdades e injusticias a las que se enfrentan las mujeres y las niñas, y de cómo las lagunas en los derechos y los servicios están exacerbando la epidemia. Esto es inaceptable, es evitable y debe terminar", ha reclamado la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima.

La entidad internacional celebra que se han realizado "progresos" en aspectos clave. Por ejemplo, apuntan que hay más niñas en la escuela y las diferencias de género en la enseñanza primaria se están reduciendo en todo el mundo. También se ha ampliado el tratamiento del VIH, de modo que a mediados de 2019 había más de 24 millones de personas que vivían con el VIH en tratamiento, entre ellas más de 13 millones de mujeres de 15 años o más.

Sin embargo, el informe muestra que muchas de las promesas hechas para mejorar la vida de las mujeres y las niñas de todo el mundo "no se han cumplido". "En áreas con una alta prevalencia de VIH, se ha evidenciado que la violencia de género aumenta el riesgo de que las mujeres adquieran el VIH en un 50 por ciento. Ser seropositivo también puede ser un factor desencadenante de violencia, ya que las mujeres que viven con el VIH suelen denunciar la violencia de sus parejas, de los miembros de la familia y de la comunidad y en los servicios de salud", denuncia ONUSIDA.

Igualmente, los datos muestran que en 2019 los adolescentes menores de 18 años necesitaban el consentimiento de sus padres o tutores en 105 de 142 países para poder someterse a una prueba de detección del VIH, y en 86 de 138 países necesitaban el consentimiento para acceder al tratamiento y la atención del VIH.

Las encuestas realizadas entre 2013 y 2018 también concluyen que el conocimiento de la prevención del VIH sigue siendo "preocupantemente bajo", en particular entre las mujeres y las niñas. En África subsahariana, la región más afectada por el VIH, siete de cada 10 mujeres jóvenes no tenían un conocimiento amplio sobre VIH. En cambio, los países que sí invierten en la ampliación de programas eficaces de prevención del VIH muestran resultados "impresionantes". Por ejemplo, cuando Lesotho implementó un paquete integral de programas de prevención del VIH, vio cómo las nuevas infecciones por el VIH entre mujeres y niñas disminuyeron en un 41 por ciento entre 2010 y 2018.

En términos más generales, ONUSIDA lamenta que "existen enormes lagunas en la educación". Los estudios demuestran que mantener a las niñas en la escuela puede tener un efecto protector contra el VIH. Cuando Botswana amplió la educación secundaria obligatoria, descubrió que cada año adicional de escolarización después del noveno año se asociaba a una reducción del 12 por ciento del riesgo de que las niñas contrajeran el VIH. Sin embargo, casi una de cada tres niñas adolescentes de los hogares más pobres del mundo nunca ha ido a la escuela.

Por último, argumentan que la autonomía económica de la mujer es "crucial" por derecho propio y un componente importante de la respuesta al sida, pero "siguen teniendo muchas menos oportunidades económicas que los hombres y asumen la mayor parte del trabajo doméstico y de atención no remunerado". Solo 88 países de 190 tienen leyes que obligan a pagar igual salario por igual trabajo, según ONUSIDA.

En el informe se destaca que, fuera de África subsahariana, la mayoría de las mujeres que corren el riesgo de contraer el VIH pertenecen a comunidades marginadas, como las trabajadoras del sexo, las mujeres que se inyectan drogas, las mujeres transgénero y las mujeres en prisión. Sin embargo, la desigualdad entre los géneros, el estigma y la discriminación, la penalización, la violencia y otras violaciones de los derechos humanos "siguen impidiendo que accedan a los servicios que necesitan", apuntan.

Por ello, consideran "necesario" reformar las leyes y políticas a fin de poner fin a la penalización perjudicial y a las prácticas coercitivas basadas en la sexualidad, la actividad sexual, el estado serológico y el género de las personas.