El Gobierno cree que la población española es una "sociedad madura" para afrontar el debate de la eutanasia

MADRID, 11 (MADRID)

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que la población española es una "sociedad madura" para afrontar el debate de la eutanasia, mientras que el Gobierno es "absolutamente partidario de seguir avanzando en los derechos" que tienen que tener los ciudadanos.

Este martes el Pleno del Congreso aceptará tramitar la ley para la despenalización de la eutanasia del PSOE, "un proyecto de ley que en los estudios sociológicos cuentan con una importante aceptación por parte de la población española", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz ha recordado que los pacientes que quieran tener acceso a ella deben de cumplir una serie de requisitos para recibir la ayuda necesaria para morir. Así, ha explicado que se trata de personas que sufran una enfermedad grave, que no tiene cura, "que no tienen solución", y que provocan una importante carga de sufrimiento a las personas, "en termino de movilidad o de sufrimiento psicológico, por la irreversibilidad de estas enfermedades".

"De lo que se trata es de propiciar un paraguas sanitario, una situación de seguridad para este tipo de personas, que permita el cumplimiento de esa voluntad", ha señalado Montero, quien ha explicado que se ha contado con la opinión de los profesionales sanitarios.

La ley, "por supuesto", ha destacado, contempla objeción de conciencia de los médicos. "Ahora, eso sí, se tendrá que garantizar a la persona que se encuentra en ese trance, que cuando su médico de referencia plantee la objeción de conciencia, el sistema sanitario proporcionara los recursos sanitarios humanos para el cumplimiento de la voluntad del paciente".

Dicho de otra manera, ha concluido, "se compatibilizará el derecho a la objeción de conciencia con el derecho a la persona a que se respete su voluntad y se respete la ley". En estos casos, se plantearán mecanismos de garantía dentro de la Ley para que se le asigne a otro personal sanitario que cumpla la última voluntad del enfermo.