La sanidad catalana espera una ley para renovar 41 de sus conciertos

La vigencia o no de los conciertos sanitarios de Cataluña, en el punto de mira. Según denuncia la CUP, hay 41 conciertos hospitalarios de utilidad pública con contratos "caducados", mientras que el Departament de Salut ha puntualizado que los convenios "son plenamente vigentes". Aunque estén sin caducar, Salut también ha señalado que están pendientes de la entrada en vigor de una nueva ley, según ha podido saber Redacción Médica.

Todo comienza con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP) que eliminó el contrato de gestión de servicios públicos, siendo una de las modalidades el concierto. Así, el marco legal específico de los servicios públicos de atención a la salud se constituye a partir de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad (LGS) y, en Cataluña, la Ley 25/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña (LOSC), según informa el Departament de Salut.

A estas dos leyes se suma la regulación establecida mediante el Decreto 118/2014, de 5 de agosto, sobre la contratación y prestación de los servicios sanitarios con cargo al Servei Català de la Salut (CatSalut). "De conformidad con la LGS, la LOSC y el Decreto 118/2014, el régimen jurídico propio de la red de internamiento del Siscat excluye cualquier conclusión de desajuste respecto a la normativa de contratación pública vigente", han indicado las mismas fuentes sanitarias.

El mismo Decreto 118/2014 establece que los convenios con las entidades que gestionan los hospitales integrados en el Siscat tienen una duración máxima de diez años. No obstante, una ley posterior introduce una novedad significativa a la hora de actualizar estos convenios. La disposición adicional segunda de la Ley 5/2020, del 28 de abril, determina que el Govern debe aprobar un proyecto de ley para establecer el marco regulador de la gestión concertada de naturaleza no contractual para la prestación de servicios sanitarios.

Y la disposición transitoria primera establece que "hasta la entrada en vigor de la ley reguladora de las formas de gestión no contractuales en materia de salud, se mantienen los actuales convenios, contratos y conciertos para la provisión de servicios sanitarios de internamiento, de Atención Primaria, de atención sociosanitaria, de atención a la salud mental y de atención a las drogodependencias".

Conciertos sanitarios "caducados"

La noticia salta tras la denuncia de la CUP, que presentó un informe a principios de abril donde denunciaba el estado de los conciertos sanitarios "caducados" y "ampliados de forma irregular". Este informe, al que ha tenido acceso Redacción Médica, indica que como mínimo 41 centros hospitalarios de utilidad pública tienen "contratos caducados", según esta formación política, de un total de 55 contratos de gestión de servicios sanitarios en régimen de concierto estudiados. De hecho, 36 de ellos "estarían caducados" desde el 31 de diciembre de 2021.

La formación anticapitalista ha alentado a aprovechar la coyuntura de la supuesta caducidad de los contratos y el cambio de las normativas comunitarias para avanzar hacia un cambio de modelo. Así, la CUP entiende que la "caducidad de los conciertos abre una puerta a avanzar hacia una sanidad de titularidad y gestión pública, como única garantía de ofrecer una sanidad de calidad".

Anteproyecto de la nueva ley

Asimismo, el Departament de Salut recuerda que el actual Govern aprobó el pasado 18 de febrero de 2025 la Memoria preliminar del Anteproyecto de ley de los instrumentos de provisión del sistema público de servicios sanitarios, que da respuesta al citado mandato de la Ley 5/2020 y el cual ahora se debe someter a consulta pública.

Esta iniciativa consta en el Pla Normatiu del Govern para 2025, cuya tramitación se prevé iniciar este mismo año. La consellera de Salut, Olga Pané, ya afirmó en el Ple del Parlament que "hace falta reformar y adaptar la ley de concertación a la directiva europea". Voces expertas del sector, como Manel del Castillo y Josep Pomar, anunciaron que esta reforma permitiría agilizar algunos trámites.