Derecho a Morir Dignamente avisa a Feijóo sobre modificar Ley de Eutanasia: "La mitad de los votantes del PP la apoya"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha avisado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la posible modificación de la Ley de Eutanasia, recordándole que la mitad de los votantes de su partido apoya la regulación.

En una entrevista en Onda Cero el pasado 6 de junio, el líder del Partido Popular avanzó que, si llega a La Moncloa, el PP podría retocar algunas leyes, como la de Eutanasia, que tendría que "ver" y "en su caso, ajustar".

"Vamos a hablar en el ámbito de las comisiones de bioética, pediré los informes que correspondan a este asunto y después nos pronunciaremos", apostilló Feijóo al respecto.

Este jueves en rueda de prensa, uno de los portavoces de la asociación DMD, Fernando Sanz, ha advertido a Feijóo sobre la modificación de esta Ley. En primer lugar, le ha recordado que, según los datos del Barómetro del CIS de enero de 2021, hasta el 45,5 por ciento de los votantes del PP está de acuerdo o muy de acuerdo con su regulación.

Este porcentaje es incluso mayor en otro de sus espectros ideológicos en los que podría obtener votos, los seguidores de VOX. En el caso de los votantes del partido liderado por Santiago Abascal, esta cifra era del 49,2 por ciento. Pese a estos datos, VOX se ha posicionado históricamente en contra de esta ley, llevándola incluso al Tribunal Constitucional.

"A los votantes del Partido Popular, cuando se les entrevista, se parecen bastante en su opinión a los de otros partidos, incluso los de VOX. Hay menor porcentaje de partidarios entre los votantes de derechas, pero sigue siendo del 50 por ciento", ha detallado el portavoz de DMD.

Igualmente, Fernando Sanz también ha espetado al líder 'popular' que la modificación o derogación de una Ley Orgánica como la eutanasia, tal y como se recoge en la Constitución, requiere de una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Por último, el portavoz de DMD ha reconocido que el cambio político que se podría producir el 23 de julio por las elecciones generales supone un "reto" para la implementación de la Ley. "Nos enfrenta a un problema que es el de la estabilidad de los procesos que ha implantado la regulación. Tenemos que ver hasta qué punto es estable frente a un cambio político", ha remachado.