Dentistas piden al Gobierno protección sanitaria y laboral para los colegiados y sus empleados

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro Reino, se enviado una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que pide la Gobierno protección sanitaria y laboral para los colegiados y sus empleados, ya que la falta de material protector que les impide desarrollar su trabajo con todas las garantías de seguridad requeridas para evitar el contagio y transmisión de Covid-19.

El segundo motivo es la falta de concreción en las medidas económicas a las que se pueden acoger los dentistas para paliar el descalabro económico al que están abocados, puesto que según la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, publicada en el BOE, las clínicas dentales son consideradas "centros sanitarios esenciales para la atención de urgencias odontológicas", por lo que deben continuar abiertas. "Esto implica que deben continuar abonando nóminas, seguros sociales e impuestos, algo insostenible en estos momentos debido a la falta de pacientes por las medidas de confinamiento", ha añadido.

Por tanto, solicitan nuevamente que el Gobierno dicte un decreto específico en el que se establezca el cierre temporal de las clínicas dentales, y al propio tiempo, que se habilite a través de los Colegios Oficiales de Dentistas, en coordinación con las Consejerías de Sanidad de las respectivas Comunidades Autónomas, una red específica de clínicas dentales que atiendan las urgencias y tratamientos inaplazables durante este periodo de contingencia, siempre y cuando dispongan de las debidas medidas de seguridad.

Asimismo, "ruega" su intermediación ante la Ministra de Trabajo, con el fin de facilitar los ERTE y todas aquellas medidas económicas que puedan frenar el oscuro panorama que se vislumbra; y finalmente asegura que la Colegiación "quiere contribuir y colaborar con el Gobierno" para terminar cuanto antes con esta pandemia, pero para ello, reitera, "necesita disponer de los medios necesarios y también de la protección del Estado para evitar los riesgos sanitarios y el tremendo perjuicio económico que puede suponer esta situación para el sector y para el país".