Ángel Luis Ortiz González es el secretario general de Instituciones Penitenciarias.
El
Tribunal Supremo ha dictaminado que es la administración penitenciaria, y no la sanitaria,
la que debe hacer frente a los costes de la prestación sanitaria en los hospitales públicos a internos en centros penitenciarios
aun estando inscritos en la Seguridad Social. De esta manera, se da la razón a autonomías
como Aragón, que reclamaron el pago de estos servicios. Además, esta sentencia se conoce el mismo día en el que el sindicato de Enfermería Satse
haya denunciado la falta de profesionales en la sanidad penitenciaria, precisamente que "solo hay una profesional por cada 100 presos en España".
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