Fachada del Ministerio de Sanidad.
Hace tres años que la
tecnología sanitaria denuncia que
está contra las cuerdas. Primero, por la pandemia Covid-19 y los esfuerzos extra que tuvieron que llevar a cabo para que la población tuviera acceso a todos los dispositivos, y, después, por las
crisis de suministros y materias primas que arrastran desde hace meses, unida a la
inflación elevada. Por ello, el sector ha propuesto fórmulas para calmar esta situación.
En la
búsqueda de soluciones para aliviar estos grandes gastos, la
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) quiere que se valore la posibilidad de
arbitrar mecanismos que permitan asumir sobrecostes en los equipamientos, algo que ya existe en el ámbito de la construcción. Sin embargo, en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) presencial, celebrado en Baleares y que presidió Carolina Darias en su etapa final como ministra, Sanidad
no se mostró a favor de esta medida, según ha podido saber
Redacción Médica.
Concretamente, Darias afirmó que en base a los recursos disponibles
veía "complicado" que esto se pueda llevar a cabo en
atención "a los recursos disponibles", tras esta petición del sector de la tecnología sanitaria que le transmitió una comunidad autónoma. No obstante, habrá que ver si el
Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica en el que trabaja el Gobierno tiene
algún apartado propio para estas empresas.
Indexación de contratos y reducción del IVA
En esta misma línea, el
sector health tech ya ha planteado anteriormente soluciones de este tipo para hacer frente al incremento de costes que sufren. Una de las medidas concretas que proponen es la eliminación de aquellas cláusulas en la
normativa nacional que impiden la indexación de los contratos públicos.
De esta manera, se
garantizaría la viabilidad económica de estos pactos de los que depende también la sostenibilidad de las compañías y la
calidad asistencial de los pacientes. "Nuestras empresas están sufriendo mucho por la situación económica y pedimos ajustar los precios, así como
promover medidas legislativas para hacerlo cuando esté justificado", han pedido desde Fenin.
Un espejo sobre el que mirarse es Portugal, que cuenta con un decreto ley que entró en vigor en 2022 con un mecanismo extraordinario de
revisión de precios que también alcanza los contratos de suministro (precisamente, los que dejaba fuera España). En nuestro país, debido a la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española, hay pocos supuestos en los que se puede aplicar esta revisión. Por ejemplo, en los
contratos sanitarios de suministro y servicios solo tiene cabida si "disponen de un periodo de recuperación de la inversión de 5 años".
Por otro lado, otra de las opciones que
rebajaría la tensión económica que sufren las compañías de tecnología sanitaria es la
reducción del IVA en productos sanitarios. De hecho, el pasado año se aprobó la normativa europea que permite a los
Gobiernos nacionales fijar tipos de IVA reducidos y cero a determinados productos y servicios que satisfacen necesidades básicas y cita, específicamente, los "
equipos, aparatos, dispositivos y artículos médicos, así como el material auxiliar y los equipos de protección".
Desde Fenin recuerdan que la mayoría de los productos sanitarios son
gravados con el tipo impositivo más alto (21 por ciento) y que si se aplicara esta reducción se generaría al sistema un
ahorro de más de 1.000 millones de euros que permitiría "una mayor disponibilidad de recursos para los servicios de salud de las comunidades autónomas para mejorar la asistencia sanitaria".
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