España liquida parte de su deuda sanitaria para no ir a juicio en Europa

Las amonestaciones de la Comisión Europea, que amaga incluso con acudir a los tribunales si no se reduce la morosidad en la contratación pública española, ha hecho reaccionar a un Gobierno central que, aunque rechaza que se trate de un problema “generalizado” en las administraciones, sí asume la necesidad de tomar medidas para evitar el juicio. De hecho, en el proyecto de Presupuestos Generales el Estado ha reflejado la creación de un nuevo mecanismo de pago a proveedores que estará dotado de 2.000 millones de euros y que parte con el objetivo de cancelar toda la deuda comercial pendiente de pago anterior al 1 de julio de este año.

Así lo indican fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Redacción Médica sobre la advertencia de la Comisión Europea, que el pasado junio dio al Gobierno un plazo de dos meses para mitigar los “excesivos” y “persistentes” retrasos en los pagos a empresas, incluidos laboratorios farmacéuticos y compañías tecnológicas del ámbito sanitario. La advertencia sigue en pie, pero se le concedió al Ejecutivo de Pedro Sánchez algo más de tiempo para aplacar la morosidad, tal y como confirmó a este periódico el propio organismo comunitario. 

El primer ‘guiño’ del Gobierno aparece en el acuerdo de Presupuestos de 2022 de PSOE y Unidas Podemos, que han acordado incluir una disposición adicional con medidas destinadas a paliar la morosidad en las administraciones. El área que dirige María Jesús Montero ha puesto el foco sobre las Entidades Locales (EELL) que incumplieron en diciembre de 2020 o marzo o junio de 2021 el plazo máximo de pago a proveedores, que entrarán a formar parte de un nuevo mecanismo “adaptado a las actuales circunstancias y dotado con alrededor de 2.000 millones de euros”.

Esta medida “será obligatoria para las EELL incluidas en el modelo de participación en tributos del Estado cuyo período medio de pago a proveedores exceda de 30 días en alguno de los períodos antes citados”, añaden las mismas fuentes, que inciden en que el objetivo es “cancelar la deuda comercial pendiente de pago anterior al 1 de julio de 2021”.

"No es un problema generalizado"

Desde Hacienda argumentan que esta medida y otras de carácter ejecutivo “permitirán al Reino de España adecuarse al dictamen motivado de la Comisión Europea”, aunque matizan que en el país “no existe un problema generalizado de morosidad de las administraciones públicas ni de las entidades locales”. 

En este sentido, destacan que el 80 por ciento de los ayuntamientos y diputaciones provinciales “presentan un periodo medio de pago a proveedores que se sitúa en el entorno de 30 días”.