Covid-19: 4 CCAA se unen al contrato de EPI valorado en 2.500 millones

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha decidido dejar sin adjudicar el macrocontrato de 2.500 millones de euros para la adquisición de material sanitario con el que tener armada una reserva estratégica en caso de segunda ola. Este documento incluía unos criterios que dejaba a las empresas españolas sin posibilidades de participar dados los criterios expuestos, como ellas mismas han expuesto a este diario.

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Sin embargo, este no ha sido el motivo por el que el Ministerio de Sanidad ha decidido dejar sin efecto el acuerdo marco. Según el Ingesa, la razón radica en que "distintas comunidades autónomas que inicialmente no habían manifestado su interés en la participación en el acuerdo marco, han solicitado su inclusión al valorar el riesgo de desabastecimiento del material objeto de la licitación". Este jueves, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha desvelado en la Comisión de Sanidad que las cuatro CCAA que han solicitado ser incluidas en el mismo son Galicia, Murcia, Cataluña y País Vasco.

Illa ha cuantificado el valor del acuerdo marco en 2.500 millones de euros y ha asegurado que la nueva versión será publicada en la Plataforma de Contratación a principios de la próxima semana.

Sanidad justifica la paralización del acuerdo marco en que "esta circunstancia afecta de manera evidente al interés público y aconseja adoptar medidas que minimicen los riesgos de desabastecimiento de las comunidades autónomas no adheridas". En el comunicado del Ingesa, se compromete a publicar una nueva resolución en los próximos días donde participen todas las comunidades autónomas que lo han solicitado.

Un muro para las empresas españolas

Habrá que esperar unos días para conocer si el nuevo documento mantiene las condiciones del anterior, que fueron criticadas por empresas españolas como Cardivais. “Los pliegos publicados incluyen unas condiciones en cuanto a solvencia, capacidad de producción y almacenamiento de posibles suministros que hacen prácticamente inviable a la mayoría de las empresas españolas poder concurrir a ellos”, ha explicado a este medio Cardivais, única compañía española productora de batas y cobertura quirúrgica con fábrica en nuestro país. 

En la misma línea, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) afirma a este periódico que “es importante que los umbrales de solvencia no representen una barrera injustificada para el acceso a las licitaciones públicas".

El contrato estipulaba que las empresas candidatas tenían que acreditar su solvencia económico-financiera a través de la presentación de las cuentas anuales y la declaración responsable del empresario, indicando el volumen de negocio global de la entidad, y que esta debe ser igual o superior al precio ofertado en la licitación. Esto abría la puerta a que solo las multinacionales tuvieran el suficiente brazo financiero para presentarse al concurso y ganar la licitación.