El sector de la salud cuenta con particularidades que no se reflejan en los contratos, lamentan los expertos.
La
contratación en sanidad siempre ha tenido cabos sueltos y, es por ello, que el equipo de Mónica García, ministra de Sanidad, ha querido acabar con ellos y ha puesto sobre la mesa la constitución de un
observatorio contra el fraude y la corrupción sanitaria se pondrá el foco en qué errores se producen en los contratos referentes a sanidad. Por su parte, los expertos piden que el Ministerio se centre realmente en los procedimientos de contratación y que, a su vez,
apuesten por la profesionalización de quienes participan en ellos.
Entre las primeras funciones del observatorio se encuentra la elaboración de un
manual de prácticas del 'no hacer' en la contratación sanitaria, al igual que se ha creado para la práctica clínica. Mario Ledesma, asesor jurídico de Contratación Pública del Laboratorio de la Contratación, detalla cómo debería hacerse para que sea efectivo: "El manual debe enfocarse a la determinación de las
prácticas a evitar en los procedimientos de contratación, de forma que, permitan, preventivamente, evitar la posible realización de malas prácticas en los mismos. Ahora bien, queda pendiente el analizar la virtualidad práctica que puede llegar a tener, a tenor de que, en contratación pública,
tenemos diversas fuentes en lo que a malas prácticas se refiere. Por ejemplo, la
Ley de Contratos o lo que los Tribunales nos dicen sobre su regulación, sobre todo en aquellos casos que se estiman los recursos, porque indican claramente qué no debe hacerse".
¿Cuáles son los
abusos más comunes en
contratación sanitaria? En palabras de Ledesma, los más importantes tienen que ver con las
prácticas irregulares relacionadas con los contratos menores, principalmente, relacionadas con el
fraccionamiento del contrato o la sucesión de contratos que tienen el mismo objeto.
Justificación de las necesidades sanitarias
Además, el especialista subraya que otro problema es la "
insuficiente justificación o la falta de acreditación", según el caso, de la naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer y su conexión con la idoneidad del objeto del contrato, así como, del
presupuesto base de licitación, los procedimientos de adjudicación, la tramitación de urgencia o de emergencia, los
criterios de solvencia y los de adjudicación.
En este sentido, según Ledesma, para maximizar el observatorio contra el fraude y la
corrupción sanitaria sería interesante destinar
recursos a la "profesionalización y la dotación de medios" de todos aquellos que
intervienen en un expediente de contratación a lo largo de todo su ciclo de vida.
No es la primera vez que salen a la luz los problemas que se ven en la contratación de este sector. Hay que tener en cuenta que la
Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) no cuenta con ninguna adaptación especial a las necesidades sanitarias, sino que en muchos casos el
sector de la salud tiene "demandas inmediatas, cambiantes y complejas" y con la burocracia actual "no se puede dar una respuesta asistencial con la celeridad deseada". Algunas de las fórmulas que optimizarían la
contratación pública en sanidad son: la planificación, la compra en valor, los procedimientos de racionalización o los estudios de mercado preliminares.
Observatorio corrupción sanitaria
Este observatorio está en el marco de la adhesión del Ministerio de Sanidad a la
Red Europea contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria y, tal y como explicó García en el Senado, ya se han puesto "las primeras piedras" para su creación.
"Este Ministerio va a trabajar en dos vías. Uno, la elaboración de una
estrategia para la lucha contra la corrupción en el ámbito sanitario. Y la segunda, la
creación del observatorio que lleve a cabo esta estrategia", ha asegurado la ministra.
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