Una nueva regla fiscal para reorientar el gasto sanitario hacia los jóvenes

La demografía actual hace necesario plantearse una reorientación del gasto público en favor de los jóvenes, que tienen una carga fiscal "mucho más pesada que las generaciones anteriores". Sobre ello reflexiona el estudio 'Efectos Económicos de la Demografía Política' de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), donde se especifica que el gasto público en sanidad en el periodo 2008 y 2019 experimentó una variación del 0 por ciento en España, mientras que en otros países del entorno europeo se incrementó: en Alemania (0,8 por ciento) y en Francia (0,6 por ciento). Una de las soluciones para esta situación es contar con una regla fiscal intergeneracional, que regule automáticamente la asignación del gasto público.

Según los expertos, existe un déficit estructural permanente en nuestro país que amplifica un problema de justicia intergeneracional. "No solo la mayor parte del gasto va hacia los mayores, sino que como no se está recaudando lo suficiente para financiar este gasto, se tiene que financiar con deuda pública, que no es otra cosa que facturas impagadas que se trasladan a las futuras generaciones", sostienen. 

Concretamente, en este texto se detalla que el gasto público en sanidad en España fue de 5,2 por ciento en 1995; mientras que en 2008 subió a 6,1 por ciento y se mantuvo así en la revisión de esta cifra en 2019. Los otros países que aparecen en el documento experimentaron incrementos mayores: Alemania pasó de 6,1 por ciento en 1995 a 7,3 por ciento en 2019; Alemania de 7,1 a 8; e Italia de 5,1 a 6,8.

Regla fiscal intergeneracional

En este sentido, si se pusiera en marcha la regla fiscal intergeneracional, por cada euro adicional asignado a programas de gasto público para mayores se debería destinar un euro adicional a programas para jóvenes. Además, debería establecerse que estos recursos no sean financiados con deuda. "Esta regla fiscal intergeneracional no tendría capacidad de reducir o reasignar el gasto público existente, ya que solo afectaría a las futuras medidas de política fiscal", afirman los autores José Ignacio Conde-Ruiz y Vincenzo Galasso.

Sin embargo, poner en marcha esta medida tendría numerosas ventajas, según los expertos. Primero porque ayudaría a reorientar el gasto fiscal a favor de los jóvenes a lo largo del tiempo, actuaría sobre los flujos de gasto futuros y representaría un "contrapeso a las dinámicas demográficas" que, al aumentar el número de personas mayores, tienden automáticamente a aumentar el gasto total de programas como pensiones, salud o dependencia.

Asimismo, consideran que aumentaría el coste de oportunidad de transferir recursos a los mayores para ganar unas elecciones. Esto se traduciría en que cada euro comprometido para mayores costaría el doble y ello obligaría o bien una subida de impuestos o una reducción del gasto público existente.

Mientras que el último beneficio se vería reflejado en el impacto en el crecimiento económico o el aumento de la productividad. Se orientaría el gasto hacia programas que favorecen a los jóvenes como la educación, aumento del presupuesto de I + D + i, la vivienda o las ayudas a la emancipación.