Un Congreso dividido duda sobre el consenso por la Agencia de Salud Pública

La alerta sanitaria internacional por los nuevos casos de MPOX han reabierto el debate sobre los deberes pendientes en materia de salud pública y vigilancia epidemiológica. Pese al riesgo bajo en España, la ministra de Sanidad, Mónica García, lamentó haber llegado a esta situación sin “un acuerdo internacional de pandemias que ayude a vehiculizar la ayuda y a prepararse para estas circunstancias de manera global”. En esa línea, el gran deber español pendiente sigue siendo la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Y los recientes acontecimientos políticos invitan a sembrar ciertas dudas no en cuanto a su aprobación, sino en lo referente a su puesta de largo como iniciativa de consenso nacional.

Antes de las reuniones mantenidas esta semana entre Sanidad y las comunidades autónomas para acordar medidas en torno a la viruela del mono, algunos responsables regionales ya reclamaron la necesidad de que España cuente, de una vez, con una Agencia de Salud Pública. El actual proyecto normativo está paralizado en el Congreso desde febrero, y su plazo para presentar enmiendas al articulado ya acumula más prórrogas que las del proyecto de la anterior legislatura, que quedó en agua de borrajas.

“Muy probablemente podríamos haberla sacado ya adelante si no nos importara intentar contar con el mayor consenso parlamentario posible. La idea es que esto sea un proyecto de país”, aseguró el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en la entrevista que concedió a Redacción Médica en julio. Aquello coincide con lo que habían trasladado previamente a este medio fuentes internas del Ministerio y de los grupos con representación en el Congreso: el ambiente electoral imperante durante la primera mitad del año, con los comicios regionales en el País Vasco, Galicia y Cataluña por celebrarse, no era el escenario más propicio para escenificar la unanimidad parlamentaria.

Escenario en el Congreso tras las elecciones autonómicas

En teoría, con la investidura del exministro de Sanidad Salvador Illa como president de la Generalitat, esa etapa quedaba superada y, a priori, no debería haber ningún interés partidista ni electoralista que perjudicara la tramitación de todas las normativas pendientes en la Cámara Baja, incluida la de la Agencia de Salud Pública.

Sin embargo, ya antes de la investidura de Illa, el grupo parlamentario de Junts, precisamente el día en el que se supo que Pedro Sánchez se reuniría con el ya expresident republicano Pere Aragonès para ultimar el acuerdo entre PSC y ERC, decidió no apoyar en el Congreso el techo de gasto para el próximo ejercicio planteado por el Gobierno. Sus votos, a la postre, resultaron fundamentales para tumbar una propuesta cuya aprobación es conditio sine qua non para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2025. El gesto se interpretó en el seno del Congreso como un claro palmotazo sobre la mesa de los de Carles Puigdemont para recordar que, en un parlamento muy fragmentado, Sánchez lo tendrá complicado para agotar la legislatura sin su apoyo.

Y el quid de la cuestión es ese: a raíz del pacto PSC-ERC en Cataluña, el distanciamiento entre los socialistas y los independentistas conservadores parece mayor que nunca, tal y como quedó demostrado durante el pleno de investidura de Illa el 8 de agosto. Y no hay que olvidar que Junts es precisamente uno de los partidos que, antes del parón veraniego, ya negociaba con Sanidad la inclusión de enmiendas al articulado del proyecto de ley de Agencia de Salud Pública en una propuesta conjunta con el PNV.

En su momento, el director de Salud Pública, Pedro Gullón, avanzó a este periódico que no había “líneas rojas” en las conversaciones ni por parte de Sanidad ni por parte de ambas fuerzas políticas. Y aunque las fuentes parlamentarias consultadas destacan que, en lo que concierne a la Agencia de Salud Pública, se ha buscado el consenso “desde el minuto uno”, no descartan “ninguna posibilidad” tras los últimos acontecimientos, incluido el hecho de que la tramitación del proyecto de ley se siga viendo prorrogada indefinidamente hasta que las aguas se calmen.

Tendrá que ser pronto para que se cumplan las previsiones que mantienen desde Sanidad: cerrar los flecos de las enmiendas tras la rentrée veraniega y preparar la ponencia para que se debata y se le dé el visto bueno en comisión. Según el departamento de Mónica García, la ley de la Agencia Estatal de Salud Pública estará aprobada antes de que acabe el año y se materializará en 2025. Habrá que esperar para saber si ello tiene lugar con un amplio apoyo cameral.