El 76 por ciento de los empleados de la
sanidad pública y el resto de la administración considera que su trabajo afecta
“negativamente” a su salud mental, según un estudio de la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que revela que, en el conjunto de las plantillas, hasta un 49 por ciento de trabajadores reconoce consumir sustancias como ansiolíticos o somníferos para aliviar su carga.
En el marco de la campaña ‘derrumbando
estigmas de salud mental en el ámbito laboral’, CSIF lanzó una encuesta anónima para conocer el estado de los trabajadores públicos españoles. El estudio, en el que participaron 6.326 personas (el 69 por ciento mujeres, un 18 por ciento eran cargos directivos o de mando intermedio y
un 33 por ciento pertenecen a la sanidad) refleja que hasta el 57 por ciento cree que no se promueve en su empresa un
buen clima laboral.
“Las situaciones más frecuentes en este año y que por las que hasta se han llegado a sentir sobrepasados en algún caso son
sobrecarga de trabajo, falta de desconexión digital, acoso, falta de reconocimiento, dificultad para conciliar, discriminación por motivos de salud,
conflicto entre compañeros y acoso”, destaca.
Por otro lado, desliza que el 57 por ciento de las personas trabajadoras encuestadas “no comunicaría que
tiene una enfermedad mental en el trabajo por miedo a sentirse discriminada o estigmatizada”, y que otro 31 por ciento “lo haría solo si fuera obligatorio”.
“Destacamos que es clave la
implicación de los líderes para conseguir un
buen clima laboral, una adecuada organización y gestión de la salud mental de los trabajadores en los centros de trabajo”, sostiene la central.
Ansiolíticos para "soportar" la carga de trabajo
CSIF destaca que el consumo diario de fármacos es casi generalizado en todos los ámbitos de la Administración. El perfil mayoritario es el de una mujer de prácticamente todos los rangos de edad (entre los 35 y los 67 años),
trabajadora de la sanidad pública, en la administración o en un centro educativo, que consume ansiolíticos para soportar la sobrecarga de trabajo, falta de reconocimiento, dificultad para conciliar, discriminación por motivos de salud, conflicto entre compañeros, acoso y la falta de desconexión digital.
"La mayor parte de la prescripción de psicofármacos se produce en
Atención Primaria. Los profesionales no lo hacen mal, pero
lo más rápido y fácil es poner el fármaco a la persona en ese momento. Hay que tener en cuenta que la
intervención de un psiquiatra necesita más tiempo y recursos y eso, en ocasiones, es complicado", ha afirmado el psiquiatra
Carlos Llanes durante la presentación del estudio.
Ayuda psicológica para sanitarios públicos
Además, el 60 por ciento reconoce que necesita ayuda psicológica, pero solo la obtiene un 38 por ciento, en la mayoría de los casos
costeándosela por sus propios medios; y más de dos tercios de los empleados/as públicos (el 67 por ciento) revela que en el último año no se ha realizado en su centro de trabajo ninguna actuación relacionada con la promoción de la salud mental y protección frente a riesgos psicosociales.
“Este dato evidencia la falta de apoyo de la Administración, ya que la mayoría de los centros de trabajo no cuenta con medidas frente a riesgos psicosociales y apoyo psicológico, por lo que se incumple la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la falta de medidas de protección de los profesionales”.
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