Miguel Borra, presidente de CSIF.
Los recientes acuerdos del
PSOE para asegurar la
investidura de Pedro Sánchez suscitan recelo entre las plantillas de trabajadores públicos, que advierten de que cesiones como la relativa a la gestión de las
homologaciones de títulos universitarios de Medicina amenazan con romper “la equidad” en el acceso a los servicios públicos. Desde la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han exteriorizado su
“preocupación” al respecto al entender que este tipo de medidas “generarán desigualdades entre la ciudadanía”.
El
traspaso de la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros viene reflejado en el acuerdo que la semana pasada suscribieron
PSOE y PNV a cambio del ‘sí’ de los nacionalistas vascos a la investidura de Sánchez. Se trata de una materia “prioritaria” para el partido de
Andoni Ortuzar, que da un
plazo de tres meses al Gobierno central para materializar esta promesa.
A juicio de
CSIF, la cesión de esta competencia exclusiva del Estado sobre la homologación de títulos universitarios
“rompe” el sistema único, lo cual “afecta a la
igualdad de acceso al empleo público” y al “ejercicio de profesiones con habilitación específica”.
Asimismo, rechaza la “fragmentación de la formación sanitaria especializada”, que a su parecer quebraría “la homogeneidad y calidad del Sistema Nacional de Salud”. De esta forma se refieren a las negociaciones sobre el
traspaso del sistema MIR a Galicia que se ha abordado con el BNG para su abordaje a través del Parlamento autonómico.
“CSIF rechaza la quiebra del principio constitucional básico de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley”, sostiene la central en un comunicado en el que advierte de que maniobrar sobre este tipo de asuntos hace peligrar “la
seguridad jurídica y estabilidad que necesitan todos los sectores de la sociedad para generar riqueza y empleo”.
De forma paralela, la organización de
Miguel Borra ha transmitido su “firme rechazo” a la “intromisión política en la
independencia judicial”, la ruptura de los principios básicos constitucionales de la
igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley” y las “cuestiones de impuestos a determinados territorios que detraigan recursos para el Estado y provoquen diferencias en la calidad de la prestación de los servicios públicos”.
Presión de CSIF desde Bruselas
“CSIF adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar que el Estado, cuya obligación es
garantizar la igualdad de todos los españoles, renuncie a competencias exclusivas en materia de legislación laboral, régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de los empleados públicos, titulaciones universitarias, así como en materia de
Seguridad Social. Además, CSIF intensificará su actividad con las distintas instituciones del Estado, los órganos de Gobierno y Parlamentos de las CCAA y en la Unión Europea, a través de la
Indepent Trade Unions (CESI), de la que CSIF forma parte”, apunta el sindicato.
De hecho, recientemente CSIF
acudió a Bruselas para canalizar sus demandas relativas a la reducción de la temporalidad en la sanidad y el resto de servicios públicos de España y el resto de países de la Unión Europea. Desde la organización que dirige Miguel Borra informaron que el objetivo no es otro que ejercer más presión sobre los Estados miembros para que lleven a cabo “las reformas estructurales que necesitan las administraciones”, entre las que aluden a la implantación de las 35 horas y el derecho a la jubilación anticipada en Medicina.
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