Trabajo revisa las bases para acelerar la dotación de EPIs a la sanidad

El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha la maquinaria para actualizar los precios públicos de los servicios que presta el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para certificar equipos de protección individual (EPI). El departamento dirigido por Yolanda Díaz ha elaborado un proyecto de Orden ministerial, sometido a audiencia pública hasta el 22 de abril, para corregir determinados aspectos de la Orden vigente, que data de 1991, y acelerar los procesos de acreditación. Con ello, se quiere evitar un posible “colapso” en la dotación de estos equipos, especialmente en el caso de los profesionales de la sanidad, ante el aumento de la demanda de ensayos a raíz de la pandemia de coronavirus.

“La situación provocada por la crisis sanitaria producida por la Covid-19 pone de manifiesto la necesidad de atender las solicitudes de ensayo de las autoridades sanitarias (Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas) y de las autoridades de vigilancia del mercado (Ministerio de Industria y Turismo y comunidades autónomas) cuyo fin último es proteger la seguridad y la salud de los usuarios potenciales de EPI”, reza la Memoria abreviada de Análisis de Impacto Normativo del proyecto de Orden.

A pesar de esa circunstancia, el procedimiento de abono del precio público establecido en la Orden ad hoc vigente desde 1991 “imposibilita atender la demanda en plazo, lo cual puede producir colapso en la dotación de los equipos de protección individual en general y al personal sanitario en particular”.

Según la Ley de Tasas y Precios Públicos de 1989, los precios públicos pueden exigirse desde el momento en el que se inicie la prestación de servicios correspondiente. Con el proyecto de nueva norma se pretende habilitar la exigencia del precio “a la finalización de la prestación del servicio”, tal y como está previsto “en la norma de referencia”, para, así, “no ralentizar […] la entrega de los informes de resultados relativos a los ensayos de equipos de protección individual”.

Además, “se hace necesario incluir en la norma en vigor un sistema de establecimiento de prioridad en la realización de ensayos y verificaciones de los equipos de protección individual a petición de las administraciones públicas por los motivos expuestos anteriormente”.

Atención a los "desarrollos científicos e instrumentales" en EPIs

En definitiva, la tramitación del proyecto de Orden, según se explica en su preámbulo, responde a una “profunda revisión” de la Orden de 1991, teniendo en cuenta que se han detectado “dificultades” en su implementación y también que, desde que entró en vigor, “se han producido desarrollos científicos e instrumentales en el campo de los equipos de protección individual y una mayor diversificación de los servicios demandados al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Estos precios públicos incluyen tanto los costes de la retribución del personal asignado, como los de coordinación y supervisión técnica, los de dirección, coordinación general, tareas económico-administrativas, y los imputables a gastos generales y administrativos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La nueva Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).