El primer semestre del año dejó 22.191 accidentes de trabajo con baja en
actividades sanitarias, un 45 por ciento más que en 2020, situándose como el
quinto sector con mayor número de incidentes laborales en jornada. Un volumen que, sin embargo, no ha llevado a incluir a la sanidad en el
Plan de Choque contra los accidentes mortales, impulsado por el departamento de Yolanda Díaz.
El sector sanitario no figura, de hecho, entre los
sectores y actividades prioritarios que incopora la estrategia, tal y como confirman fuentes del Ministerio de Trabajo a
Redacción Médica. La elección de estos está basada en el estudio de siniestralidad 2017-2019 elaborado el
Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (INSST), que arroja 1.610.815 accidentes laborales en este periodo, de los cuales 1.626 fueron mortales, concentrados en su mayoría en sectores como la Agricultura y Pesca, la Construcción, la Industria y los Servicios.
Es precisamente en estas áreas donde el equipo de Díaz planea reforzar los
controles y reducir así la siniestralidad. La idea es poner el foco en empresas en las que se concentren factores de riesgo de accidentes de trabajo, realizar actuaciones inspectoras y poner en práctica acciones de sensibilización.
Sin embargo, la cartera deja fuera de la estrategia a la sanidad a pesar de estar incluida dentro del sector
Servicios y ser el único área que
aumentó el índice de incidencia de accidentes de trabajo en un 54,8 por ciento en 2020, pasando de los 1.632 a 2.311.
De las 10 víctimas mortales registradas en 2019 en relación a las actividades sanitarias se pasó a 30 el año pasado. Aún así, de forma previa a la pandemia, el riesgo de accidentes en el ámbito de la sanidad duplicaba el de otros sectotes como la
Educación.
A ojos del departamento, las actividades sanitarias tampoco resultarían preferentes en función de su siniestralidad mortal y de la población trabajadora afectada como ocurriría con la pesca, el sector agrario (por su incidencia en el uso de maquinaria) y la recogida de residuos.
Las estadísticas del sindicato USO reflejan un total de 9.858 accidentes de trabajo asociados a la pandemia en 2020, de los cuales, la mayoría, 9.066 estuvieron relacionados con las actividades sanitarias. El problema, denuncia el organismo es que, a pesar de las reiteradas peticiones lanzadas al ministerio, ninguno de los 21 fallecimientos contbilizados fue reconocido como accidente de trabajo.
Sanidad, prioritaria en inspecciones de trabajo
En cualquier caso, el ministerio asegura que "la actividad sanitaria es prioritaria en las a
ctuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, especialmente en el entorno Covid y los riesgos piscosociales que conllevan".
No obstante, el contagio por Covid-19 sigue siendo considerado como accidente de trabajo a ojos del Ministerio de Sanidad y no
enfermedad profesional como reclaman sindicatos y colectivos profesionales del sector. Casos excepcionales como el dictamen de un tribunal catalán sobre el caso de una empleada en una residencia abría el camino para aplicar esta consideración al conjunto de sanitarios golpeados por la pandemia. Esto supondría el pago de prestaciones durante toda la recuperación del profesional, incluyendo así los casos del denominado
Long Covid.
Las condiciones de penosidad, recrudecidas durante el último año y medio de pandemia, han llevado igualmente a los sanitarios a reclamar que su trabajo se considere profesión de riesgo, lo cual, de acuerdo con el artículo 206 de la nueva reforma de las pensiones, permitiría a los colectivos cobrar la
jubilación íntegra sin penalizaciones en caso de ser anticipada.