Trabajo crea un plan específico para tratar la salud mental de sanitarios

El impacto de los problemas de salud mental que protagonizaron los sanitarios durante la pandemia de Covid-19 ha llevado al Gobierno a diseñar un plan de actuación específico para prevenir este fenómeno entre el colectivo. El Ministerio de Trabajo ha dedicado un capítulo a esta realidad dentro de su nueva Estrategia Española de Seguridad en el Trabajo (2023-2027) con medidas dirigidas a detectar las patologías y garantizar un tratamiento.

El documento elaborado por el departamento que dirige Yolanda Díaz ha puesto el énfasis en la necesidad de impulsar “acciones” que permitan identificar el impacto del estrés, la depresión, el burn-out o el estrés postraumático entre los profesionales del campo de la salud en un contexto de pandemia. El objetivo final es que estas nuevas herramientas faciliten tanto el seguimiento psicológico de las plantillas como sus tratamientos adecuados.

Esta apuesta se ha enmarcado dentro del mantra de “cuidar a quien cuida” con el que el Gobierno quiere proteger a uno de los colectivos laborales más golpeado por los problemas de salud mental. Según los datos de la Encuesta de Población Activa hasta un 49 por ciento de los sanitarios ha estado expuesto a presiones de tiempo o sobrecarga laboral con potenciales efectos para su bienestar emocional. Es la cifra más alta de todos los sectores productivos y representa 17 puntos porcentuales por encima de la media general del 32 por ciento de la población ocupada.

El Ministerio de Trabajo ha insistido en la necesidad de potenciar la formación en prevención de riesgos laborales tanto entre la plantilla del Sistema Nacional de Salud (SNS) como en la propia dirección de los centros para abordar este problema. “Las exigencias de las tareas cada vez llevan implícita mayor carga mental, incrementada por las nuevas formas de organización del trabajo”, han apuntado los autores de la nueva Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El abordaje específico de la salud mental en la sanidad se suma a una batería más amplia de medidas dirigidas a reducir el impacto de este tipo de patologías. El desarrollo de estudios epidemiológicos, la identificación de las causas de origen laboral de la depresión o la ansiedad, el reconocimiento de las empresas que acrediten buenas prácticas, las facilidades para el retorno al puesto de trabajo tras una enfermedad mental o el desarrollo de guías para la identificación, evaluación y prevención de los riesgos psicosociales son algunas de las principales líneas de actuación.

Nuevo abordaje del cáncer laboral

Otra de las principales novedades de la nueva Estrategia de Seguridad en el Trabajo pasa por la prevención del cáncer de origen profesional. El Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo acciones como la actualización del listado de agentes cancerígenos para establecer nuevos valores límite en el ordenamiento jurídico. Algo que permitiría alinearse con el Marco Estratégico de la Unión Europea en materia de salud.

Según los informes del Ministerio de Sanidad, cada año fallecen de media 8.700 hombres y 850 mujeres por cánceres asociados a las exposiciones laborales. Sin embargo, entre 2018 y 2020, apenas se notificaron 165 enfermedades profesionales vinculadas a estos agentes en el país, la mayor parte por la exposición al amianto. “Indica la necesidad de analizar esta situación, así como implementar estrategias que permitan la correcta evaluación de la exposición, la eficiente vigilancia de la salud y la identificación precoz de casos y su notificación”, reza el documento.

El establecimiento de nuevos protocolos de sospecha de la enfermedad profesional, la prevención de agentes como el amianto, el polvo de sílice cristalina o el de madera, las acciones para el diagnóstico precoz y la intervención temprana o la mejora de la disponibilidad de datos en los predictores de riesgos son algunos de los compromisos fijados por el Ministerio de Trabajo.

Además de esta agenda concreta, la nueva hoja de ruta en la salud laboral aborda aspectos como la reducción de los daños asociados al sobreesfuerzo físico de los trabajadores para hacer frente a los accidentes, la incorporación de la perspectiva de género, la protección de los autónomos y de las personas con mayor vulnerabilidad o la investigación de los riesgos asociados con el cambio climático.

En ese sentido, desde el Gobierno se ha puesto el foco en la necesidad de contar con más facultativos especialistas en Medicina del Trabajo, ya que son los que cuentan con la “competencia en prevención” para poder articular buena parte de estas estrategias en los servicios de salud.