Redacción. Madrid
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha ultimado los detalles antes de adoptar la nueva directiva sobre regulación, presentación y venta del tabaco y productos relacionados a instancias de la normativa estipulada por el Parlamento Europeo.
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
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El departamento liderado por Alfonso Alonso ha procedido a la publicación de un Proyecto de Real Decreto que tiene por finalidad adecuar los requisitos actuales para armonizar el mercado interior, teniendo en cuenta los asuntos de salud pública inherentes a estos productos y en particular la protección de los jóvenes frente al consumo. El documento viene a sustituir al Real Decreto 1079/2002 y deroga asimismo la Directiva 2001/37/CE y la Directiva Delegada 2014/109/UE de la Comisión con fecha 10 de octubre de 2014.
El texto regula de este modo el nuevo modelo de etiquetado, según el cual se presentan dos tipos de advertencias: las textuales, que deberán añadirse a todas las unidades de envasado y ocupar el 50 por ciento de la superficie impresa; y las combinadas (imagen y texto) que pasarán a ocupar el 65 por ciento de las cajetillas, quedando además prohibido el uso de elementos promocionales.
La prohibición de los productos de tabaco con aroma característico y con determinados aditivos es otra de las novedades que incorpora el RD, el cual dedica un capítulo a las emisiones contaminantes de tales productos y fija una cantidad máxima de 10 miligramos de monóxido de carbono y alquitrán y solo uno de nicotina por cada cigarrillo.
El listado de ingredientes y su publicación por parte de los fabricantes e importadores podrá ser además notificado vía web, lo que permitirá asimismo su difusión electrónica. Esta descripción de los componentes afecta también a los fabricantes de cigarrillos electrónicos, que deberán informar a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación seis meses antes de la comercialización.
El proyecto ha sido sometido a los informes previos preceptivos de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de las comunidades autónomas y de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Economía y Competitividad e Industria, Energía y Turismo. Además se ha contado con la supervisión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como de profesionales sanitarios, sociales y sindicales.
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Acceda aquí al proyecto de Real Decreto
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