“Encima de la mesa de la ministra no hay propuestas para modificar la Ley Antitabaco”

María Márquez / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
Babín afronta este segundo año al frente del Plan Nacional sobre Drogas PND) con las miras puestas en el borrador de la futura ley que obstaculizará el acceso del alcohol a los menores. El delegado del Gobierno lamenta que la sociedad no está lo suficientemente sensibilizada con una realidad que es un verdadero problema social, así como el consumo del cannabis. Son los únicos indicadores que crecen en las encuestas ministeriales, junto al consumo de tranquilizantes por parte de mujeres de mediana edad. Sobre la Ley Antitabaco descarta que sea objeto de posibles modificaciones y pretende que sea el espejo para la norma sobre el alcohol, de modo que genere el mismo debate social fructífero.

¿Qué nos puede adelantar de la futura ley contra el alcohol en menores?

Francisco de Asís Babín.

Frenar este consumo es una prioridad para nosotros, si tenemos en cuenta que el 75 por ciento de ellos consumen alcohol y más de la mitad de los que lo hacen se han emborrachado en el último mes. Tenemos un problema con el alcohol, y además es puerta de entrada para el consumo posterior de otras sustancias. Por eso desde que llegamos nos fijamos el objetivo de reforzar los mecanismos que retrasen la edad de inicio de consumo. Hemos dedicado el primer año de legislatura a estudiar la legislación que existe al respecto tanto dentro como a nivel de otros Estados miembro de la UE y otros países importantes con estrategias consolidadas.

Ahora estamos escribiendo el primer borrador de esa norma, que intenta homogeneizar el tratamiento que se le dará a este tema en todo el territorio. Tenemos más de 180 normas relativas a la prevención del consumo de alcohol. En el Plan de Acción 2013-2016, la Ley es un objetivo absolutamente prioritario y por tanto dentro de unos meses ya estaremos en condiciones de abrir un debate social, que es importante para que se tome conciencia, y también con todos aquellos que tienen que opinar sobre esta norma.

Mencionaba las 180 normas autonómicas existentes. ¿Es la edad de inicio de consumo lo que más controversia causa?

Quizás aquí es donde menos discrepancias tenemos, aunque las hay. Una autonomía permite el uso del alcohol a los 16 años, frente a los 18 de todo el territorio nacional, pero el Gobierno de esta comunidad ya ha manifestado que tramitaría un proyecto de ley para homogeneizar esa edad a los 18 años, con lo cual ya habríamos conseguido ese primer objetivo. Lo que nos importa es que aquellas estrategias válidas para retrasar la edad de inicio no son homogéneas. A un adolescente de 12 años no podemos pedirle que desarrolle un proyecto vital porque no está en la edad de hacerlo, su propio sistema nervioso no ha madurado hasta permitírselo, por lo tanto es la sociedad en su conjunto la que se tiene que preocupar de que el alcohol no llegue a sus manos. Lo que queremos es homogeneizar las prácticas hasta que sean eficientes.

¿Sería una norma exclusiva para el alcohol o englobaría otras sustancias?

Es específicamente de alcohol entre menores. Eso no significa que en un futuro no pueda haber otros desarrollos relacionados con una política de drogas más integral, pero ahora mismo lo que estamos hablando es priorizar este problema, que es sin duda uno de los dos fundamentales que tenemos que abordar.

Ese debate que se abriría sobre la norma, ¿sería en el marco de la Conferencia Sectorial sobre Drogas?

Toda norma está sometida a un proceso de consultas, y parece evidente que hay muchos sectores interesados que tendrán que opinar. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de alcohol, hablamos de intereses económicos, y desde esa perspectiva, los distintos sectores que agrupan a la industria también tendrán que participar.
Yo soy muy optimista porque, como he dicho, esta norma estará estrictamente centrada en el consumo de alcohol por menores, y en este contexto solo hemos encontrado apoyo y complicidad en todo el panorama nacional. Todo el mundo entiende que los menores no deben consumir el alcohol, y menos con la frecuencia e intensidad con la que lo están haciendo.

¿Tienen algún referente europeo previo o estudios sobre el impacto que supondría la norma?

Hemos analizado todas las normas con gran exhaustividad. Hay toda una panoplia de evidencias científicas que podemos trasladas y otras que probablemente no podremos, por factores culturales o de otro tipo. Yo a veces pongo el ejemplo del Tirol (Austria), donde existe una norma que establece un toque de queda por edades de la hora en la que los menores tienen que estar recogidos en sus casas, y obliga a las fuerzas de seguridad a acompañar al hogar a aquellos que han excedido esa norma. En el momento actual, esto sería muy difícil de trasladar a nuestro país, donde el sentimiento del ejercicio de las libertades y el papel paterno en el desarrollo educativo de los hijos, haría poco comprensible fomentar una estrategia así.

Tenemos que ve qué evidencias seleccionamos de forma que sean asumibles en nuestro país. Paralelamente hay que generar un debate social sobre lo que la gente opina del consumo de alcohol en menores, ya que datos tenemos, como por ejemplo los aportados la Fundación Pfizer, como que más del 40 por ciento de padres no tienen inconveniente en que sus hijos consuman alcohol si es fuera de casa. Este es un dato terrible, tanto por lo que significa por ese hipotético permiso, como por el hecho de que no hay valor educativo sobre el consumo responsable. Necesitamos conseguir sensibilización social con respecto a este problema, que no hemos conseguido.

Así que no cuentan con un referente normativo concreto…

No, se trata de tomar las mejores evidencias científicas que sean más aplicables a nuestro objetivo. Hay algunas de carácter general que no están implementadas en España, como por ejemplo empezar a hablar de cuál debe ser la densidad de los puntos de venta de alcohol, o sobre centros educativos, que pueden ser aplicables.

En este consumo abusivo, las encuestas alertan de un protagonismo creciente de la mujer… ¿Qué cree que refleja esto de la sociedad?

Yo creo que esto refleja una fórmula mal entendida de la búsqueda de igualdad. Este sería el último indicador en el que buscar esta pretensión. En sustancias de carácter legal estamos observando que el consumo de las mujeres no solo iguala, sino que en algunos ámbitos excede al de los varones, si bien suele ser habitual que los comportamientos de mayor riesgo recaigan sobre los varones. La frecuencia del consumo se equipara, pero la intensidad es más propia de varones.

La ley no será una varita mágica, no significará que hayamos resuelto el problema. Será un elemento más que fortalece la protección ambiental, pero hay toda una suerte de acciones que tienen que ver con la familia; los centros educativos; el desarrollo y maduración de las personas; y  detección de conductas disruptivas que se nos olvidan que están ahí, y precisamente muchas veces los chavales que lideran el grupo son aquellos con un comportamiento más transgresor, que se imita.

No sé si es el indicador de la precocidad lo que más preocupa al Ministerio, o quizás el policonsumo…

Ambas son preocupantes, pero indiscutiblemente el objetivo primario de la prevención tiene que ser retrasar la edad de inicio. Cuanto más tarde se empiece a consumir, se hace con menos intensidad y se permanece menos tiempo con un consumo intensivo. Además, hace que algunos que se hayan incorporado desde muy pequeños, no lleguen a incorporarse nunca. Es decir, retrasando la edad, disminuimos la intensidad del abuso y el número de personas que consumen.

Por otro lado, hay una relación evidente entre el consumo abusivo de alcohol y el de cannabis y cocaína. Por tanto, si retrasamos la edad de inicio del alcohol, lo conseguiremos en otras sustancias. Esto es lo que hace que estos policonsumos se vean afectados en positivo por una medida de prevención primaria. Pero lo que más nos tiene que preocupar es que en un pequeño sector de la sociedad que son abusadores de prácticamente todas las sustancias y de una forma abusiva. Esto también incide en la experimentación con las nuevas drogas, y las sustancias que no han sido fiscalizadas e ilegalizadas.

En esta precocidad en el consumo, ¿España está al nivel de países de su entorno o tiene más protagonismo?

En términos de edades, el fenómeno es bastante homogéneo y generalizado. En términos de frecuencia, no. Por desgracia, España está a la cabeza en el consumo de cannabis. De hecho, los menores de edad consumen cannabis en un 4 por ciento más que los adultos, lo que significa que este consumo está muy arraigado entre la población adolescente y es el segundo factor, junto con el alcohol, que constituye una prioridad para este Gobierno.
La posición geoestratégica de España hace que grandes cantidades de droga circulen por nuestro país y por tanto se aumente la accesibilidad y estén la base de estas cifras de consumo.

Menciona el cannabis, y precisamente hace unos días el Congreso rechazaba despenalizar su cultivo. Es un tema que siempre está en el aire. Y de hecho, hay una reciente iniciativa del País Vasco que aboga por legalizar los clubes cannábicos.

En términos competenciales, no hay ninguna oportunidad de que una comunidad autonóma legisle específicamente en relación con esta materia. Así lo manifesté cuando fui convocado como compareciente en la ponencia de estudio que se generó en el Parlamento vasco en la legislatura anterior, y donde puse de manifiesto que la tipicidad penal que establece el Código Penal en cuanto a las prácticas de cultivo, distribución y venta de droga, está contemplado en una norma de carácter nacional y por tanto no puede ser modificado por una autonomía.

El tema de los clubes cannábicos es un tema en el que hay que retomar el discurso. Parece que se está instalando en la sociedad un único discurso, el procannábico, de estos grupos que abogan por un consumo terapéutico y dicen que hay un vacío legal en el que creen que podrían operar. Sobre esto, quiero decir dos cosas muy claras. En primer lugar, debemos discutir en serio el beneficio terapéutico de esta sustancia, yo niego ‘la mayor’. En España, hay un medicamento que contiene tetraidrocanabinol, que tiene sus indicaciones específicas y es utilizado en el marco de la relación médico-paciente. En aquellos contextos en los que se ha confirmado que esta sustancia es mejor que otras como tratamiento, a nadie se le niega el acceso. El resto de casos deben ser rechazados, simplemente por el concepto de la automedicación, máxime porque si este medicamento no está licenciado para otras indicaciones, es porque existen otros fármacos mejores.

Por tanto, no se trata de negar que determinadas sustancias pueden mejorar el día a día de pacientes sometidos a determinadas terapias, como las oncológicas. Y en todo caso, el tratamiento que se decida debe ser en el marco de la relación médico-paciente y no en el contexto de un club cannábico, donde el aspecto recreativo del consumo y otra serie de cuestiones, ligadas al cultivo y la distribución, ponen en evidencia que se está cometiendo un delito que no podemos tolerar de ninguna de las maneras.

El delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas en un momento de la entrevista realizada por María Márquez.

¿Es necesaria más información para solventar este enfrentamiento, que parece infinito, entre la Salud Pública y los colectivos pro cannabis?

Lo primero que hay que decir es que los que defienden esto es una parte muy pequeña de la sociedad. En las encuestas preguntamos a la población, y nos encontramos que quieren que demos información en los centros educativos e incrementemos la intensidad de las medidas represoras en relación con el tráfico de drogas. En España, no llega al 30 por ciento el porcentaje que vería con buenos ojos un mercado administrativo del cannabis, y no pasa del 15 por ciento el porcentaje que estaría de acuerdo con legalizar el consumo de drogas.

Hay otro problema con el discurso, y es que muchas veces se pervierte la semántica. Estamos asistiendo a un debate mundial sobre el tema de las drogas, pero con las mismas palabras, cada uno de los interlocutores se refiere a cuestiones distintas. Por ejemplo, cuando presidentes latinoamericanos hablan de cambiar su política de drogas, se refieren a que el consumo privado de drogas deje de ser un delito, y aquí esto ocurre desde hace muchísimos años, porque entendemos que el que tiene un problema de abuso de las drogas ante todo es un paciente, un enfermo, y como tal debe tener el amparo del Sistema Nacional de Salud.

Las situaciones son distintas. No siempre que se habla de legalización se refiere a un mercado legal del tráfico de drogas. En todo caso, rechazamos que haya una distribución recreativa del cannabis cultivado por ellos mismos, con claro afán de lucro aunque digan lo contrario. Por otro lado, hemos trasladado a Uruguay nuestra preocupación sobre el proyecto que están impulsando y han escuchado algunas de las cuestiones para su posterior modificación.

¿Sería necesario que hubiese un discurso europeo común sobre este tema?

Sería lo ideal, y sin embargo, es complejo. En una conferencia europea celebrada en Viena recientemente, no se ha conseguido la unanimidad de todos los países con respecto a las propuestas de resolución con respecto a la directiva. No todo el mundo ve el mismo riesgo en relación a lo que podría ser el consumo recreativo del cannabis. Nosotros seguiremos defendiendo nuestra posición: sabemos que en tanto en cuanto sea más accesible una sustancia, más se incrementa su consumo. Por tanto, no creemos que sea una buena medida disminuir las barreras de acceso al cannabis.

¿Qué más países comparten la posición de España?

Francia e Italia, por ejemplo. En el extremo contrario, Chequia o Noruega, y también Holanda, aunque por cuestiones distintas. El espectro no es enormemente dispar, sino que no acaba de establecer una posición unívoca y exclusiva, sino que hay divergencias entre unos y otros países. Debemos seguir debatiendo y discutiendo para alcanzar esa postura común.

Pasando al consumo de tabaco. Recientemente la Encuesta Domiciliaria del Ministerio de Sanidad reflejaba que los datos son los más bajos de los últimos 17 años. Y a pesar de esta buena noticia, sigue habiendo rumores sobre posibles modificaciones… ¿Se podría dar un paso atrás al respecto?

La posición del Gobierno ha sido manifestada por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, e incluso por la vicepresidenta del Gobierno. En este momento, no existe ningún proyecto de modificación en relación con esta temática. Tampoco me consta que hayan llegado a la mesa de la ministra propuestas concretas. En cualquier caso, parece interesante atender a lo que acaba de decir la Comisión Europea: España es uno de los países que ha conseguido una mayor reducción en menor tiempo de la exposición al humo de tabaco por parte de personas no fumadoras. Y esta es precisamente la mejor estrategia preventiva, ya que lo que ha buscado la Ley en las dos etapas es la protección de los no fumadores.

La virtud importantísima de esta norma es que fue capaz de generar un gran debate social en torno a este tema. Lo que me planteo es que este debate social  se tiene que reproducir en relación a otras sustancias, como el alcohol.

Necesitamos debatir y discutir qué fórmula tendrá la sociedad para ejercer la tutela efectiva sobre sus menores, y de qué forma queremos evitar que este consumo tan abusivo tenga efectos al final en relación no solo al individuo en su capacidad de concentración etcétera, sino por daños a terceros, ya que estos consumos acaban en accidentes y son otras personas las que se ven implicadas en hechos dramáticos.

A pesar de la polémica inicial, lo cierto es que la Ley Antitabaco ha dado frutos extraordinarios en poco tiempo…
Empieza a haber evidencias de disminución de eventos coronarios y de otras enfermedades cardiovasculares relacionadas. Las mediciones de contaminación en espacios de uso público reflejan que hay una bajada notable. Tenemos que reconocer que el cumplimiento de la norma está siendo prácticamente absoluto. No solo la ampara un porcentaje importante de la sociedad, sino también de los fumadores.

Comparándola entre comillas con la futura ley de alcohol entre menores… ¿Espera que cree también polémica?

Babín, en un momento de la entrevista.

Cuando se ha intentado modificar la ley del alcohol con otra perspectiva distinta a la que estamos haciendo ahora, ha habido polémica, así que puede surgir en cualquier momento. Es verdad que en el tema de los menores el grado de consenso es muy alto. De todas formas, no me asusta que haya debate, sino que este no sirviera para mejorar las circunstancias actuales sino para empeorarlas. Estamos pidiendo que haya debate. Hay sociedades científicas que están por promover este debate, necesario para mentalizar a la sociedad porque no podemos ser tan débiles en relación a la protección de los menores.

¿Qué retos prioritarios tiene este año la Red Nacional de Toxicomanías y Adicciones?

Tiene dos planes de acción, cuatrienales cada uno. El Plan de Acción de 2013-2016 incorpora 36 objetivos consensuados con todas las Administraciones. Se estructuran objetivos en ambos campos, en el control de la oferta y la demanda.  En esta última, hay tres cuestiones fundamentales: búsqueda de la eficiencia desde la generación de datos y sistemas para conocer las mejores prácticas; trabajar el espacio del itinerario terapéutico, personalizándolo; y el refuerzo de los sistemas de coordinación, que culminará en la próxima creación del Consejo Consultivo de Drogodependencias. La pretensión es que este Consejo funcionase en un plenario, siendo liderado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales y con la secretaría y la sede técnica en el Plan Nacional sobre Drogas.

El Plan de Acción será liderado por primera vez por las autonomías. Querríamos saber qué supondrá esto con respecto a la dinámica de trabajo que existía hasta ahora.

Puede ser liderado por el mejor para cada uno de los objetivos. Significa que dentro de esas 36 acciones, hay algunas de ellas que han sido objeto de un trabajo intenso por parte de alguna comunidad, obteniendo resultados válidos y evidencia científica suficiente de cuál es el camino a seguir. El ideal teórico es que esa acción la lidere esa comunidad autónoma. Otros acciones podrían estar liderados por la Dirección General de Tráfico, sociedades científicas… Se trata de que el liderazgo pueda ser compartido, para que todos nos unamos a las mejores prácticas.

¿Se cambia la dinámica de trabajo?

Se estructura y se protocoliza de un modo más completo. Cada acción va a tener un coordinador, que ejerza el liderazgo, una secretaría y unos actores con experiencia en este tema o con interés demostrado por trabajar desde el punto de vista de la evidencia en relación con esa problemática.

Esto junto a un sistema de evaluación y seguimiento perfectamente estructurado, a modo de cuadro de mandos, que nos permita saber en cada momento en qué fase nos encontramos en cada uno de los objetivos y qué resultados estamos obteniendo, nos darán un panorama muy ordenado para evaluar las 36 acciones a medio y largo plazo, para saber éxitos y posibles modificaciones.

En todo el Plan se ha tenido en cuenta la búsqueda de la eficiencia, dada la limitación de recursos.

Sobre los recursos también queríamos saber qué impacto ha tenido en el PND la reducción presupuestaria…

Lo primero que hemos hecho es apretarnos el cinturón nosotros mismos, de una manera importante. El presupuesto de 2013 con respecto a 2012 incorpora un ahorro de más de un millón de euros como consecuencia del cambio de sede de la Delegación, dejando el régimen de alquiler para ocupar dependencias del patrimonio del Estado.

El presupuesto de la Delegación tiene dos componentes, el mantenimiento, y el dinero que se transfiere para planes y programas de las comunidades autónomas. Ha habido reducciones del propio presupuesto, pero de una manera en la que podemos garantizar el desarrollo del Plan de Acción con los recursos suficientes. La Delegación gestiona un instrumento que nos da la posibilidad de hacer muchas cosas, el Fondo de Bienes Decomisados, que es el producto de todos aquellos bienes que los tribunales de justicia asignan por ser obtenidos de manera ilícita por tráfico de drogas. Este Fondo nos ha permitido, en 2011 y 2012, incrementar los recursos a las autonomías y mantener a alto nivel de planes preventivos desarrollados por municipios, además de la parte que llega a las ONG y mantener nuestras convocatorias para financiar proyectos de investigación.

En el ámbito presupuestario, había un cierto temor en la oposición parlamentaria con respecto a los recursos que se derivarían a las autonomías porque el contexto socioeconómico estaba dando lugar a un aumento de toxicomanías. ¿Qué impacto tiene esta circunstancia?

Desde una perspectiva teórica es cierto que siempre se ha valorado que situaciones en las que pueda haber una cierta desesperanza o depresión reactiva a las circunstancias económicas, colocan a la persona en una situación de mayor vulnerabilidad a que se genere determinado tipo de riesgos. Lo que tenemos que decir a fecha de hoy es que las encuestas que manejamos es que no han detectado en absoluto un incremento del consumo sino todo lo contrario: excepto en el caso de algunos medicamentos, como ansiolíticos,  el resto de sustancias se están consumiendo menos que antes.

Una cosa es el consumo y otra, la demanda asistencial que llega a los centros de tratamiento. Al respecto de esta última, las ONG nos dicen que en los centros que ellos gestionan hay un incremento de la demanda. Habría que ver si esto es compatible, y yo sostengo que sí, por dos razones. En primer lugar, hay un tiempo desde que se viene consumiendo de manera compulsivo hasta que se llega a la demanda asistencial, y por tanto, esta puede pertenecer a abusos de tiempo atrás. Pero en cuanto al alcohol, hay consumos que hasta la fecha podrían ser mantenidos en razón de la existencia de medios para ello.

Hay una buena noticia, y es que además de la disminución del consumo de cocaína también ha decaído la demanda asistencial en relación a esta sustancia. Por otro lado, la demanda de la adolescencia y juventud está fundamentada en cannabis, y está aumentado de manera fehaciente en los últimos años.

Pero entonces no se puede decir que la crisis es causa de aumento de toxicomanías…

No hay un indicador que ligue directamente crisis con consumo ni con asistencial. Hay realidades distintas que podrían interpretarse al albur de la crisis aunque también a lo mejor podrían comportarse exactamente igual. Lo que no parece es que haya incidencia notable, mayoritaria y contundente de la crisis en relación con los consumos abusivos o la demanda por parte del paciente relacionada con problemas de dependencias.

Damos por finalizada la entrevista, si le parece. No sé si quiere añadir una última reflexión…

Pues me gustaría hacer una llamada de atención sobre el incremento de consumo de determinados fármacos con poder adictivo. En la última encuesta hemos visto cómo se ha incrementado en los dos últimos años este tipo de consumo, llegando prácticamente a un 14 por ciento de la población en término medio, y mucho más alto si hablamos de mujeres en edad avanzada. Es el momento de reflexionar en relación al tipo de consumo que propiciamos desde la práctica clínica o/y de seguir reforzando el mensaje del “no” al autoconsumo, que en un porcentaje del 1,4 por ciento de las medicaciones se da sin receta, porque alguien de la familia utiliza este medicamento. Es  importante favorecer la educación sanitaria.

El perfil que apunta, ¿es novedoso?

Mujeres mayoritariamente y que además que se incremente con la edad, es habitual. Pero el peso absoluto del problema está aumentando, y desde esta perspectiva quizás haya un componente relacionado con la crisis. Estamos en cifras que deberían hacer reflexionar en relación a algunas de las indicaciones en las que se puede estar recomendando estos medicamentos.

Vea la entrevista íntegra