Déficit y hepatitis C asaltan el Consejo Interterritorial

La reunión del Consejo Interterritorial de este miércoles ha comenzado con dos reproches principales de los consejeros socialistas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, si bien buena parte de una de ellas afecta directamente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En una reunión previa celebrada horas antes del Interterritorial, los consejeros socialistas han acordado introducir dos preguntas en el turno de ruegos, una sobre la decisión de que el coste de los tratamientos de hepatitis C haya computado como déficit y sobre si la negativa a que se incluya en el techo de gasto de las comunidades. 

En este sentido,  José María Vergeles, titular de la sanidad extremeña ha afirmado a su llegada al ministerio que “es una barbaridad decir que todos los pacientes de hepatitis C están tratados y habrá que aclarar si computan para el déficit o no”. Un conflicto sobre el que la consejera balear, Patricia Gómez, ha querido distinguir entre decisiones económicas "o en las que priman los derechos sociales": "¿Qué tenemos que hacer si computa en el déficit?, ¿cerrar camas de hospitales?", ha añadido.

En el mismo sentido se ha expresado el consejero andaluz, Aquilino Alonso, que ha recordado la reunión que ha celebrado esta misma semana con la Hacienda andaluza y en la que se ha dictaminado un “no rotundo” a que el gasto en estos fármacos compute en el déficit autonómico. Su compañera de partido y titular de Sanidad de Valencia, Carmen Montón, ha calificado la decisión de incluirlo como déficit como “una vergüenza” y ha denunciado que a la Comunidad Valenciana “le faltan 27 millones de euros por asignarles, lo que pone en riesgo la salud de muchas personas”. 

Esta es la misma postura que ha mantenido María Luisa Real, consejera socialista de Cantabria, ha calificado de “deslealtad institucional” que se compute como défitic. “Es una falta de respeto a las ccaa que una actuación en la cual se fijan los precios por parte de una comisión interministerial se transforme en una actuación de que las ccaa no controlamos el gasto”, ha criticado.

Las críticas a que el gasto de hepatitis C no se limitan a las filas socialistas. Antonio Sáez Aguado, consejero ‘popular’ de Castilla y León ha cargado contra que el gasto por los medicamentos de hepatitis C haya computado como déficit: “No es razonable que el mismo Gobierno que nos reclama cumplir los objetivos de déficit apruebe un Plan Estratégico e incorpore al sistema medicamentos de elevado coste”.

En este sentido ha señalado que este desembolso, que ha situado en 50 millones de euros y una décima del PIB de la comunidad, es “una de las razones por las que Castilla y León no ha cumplido los objetivos de déficit que hasta ahora sí había cumplido”. Por eso ha criticado que tanto el ministerio de Hacienda como el secretario de Estado de Hacienda “se comprometieron a que no iba a computar en el déficit y eso seguimos reivindicando”.

Por su parte, María Martín Díaz, consejera ‘popular’ de Sanidad de La Rioja, ha preferido no pronunciarse sobre el déficit y ha calificado el plan de hepatitis C de “modélico y va en la línea de que esté erradicado en 2025”. En cuanto a lo que espera el resultado del Interterritorial sirva para crear un sistema más cohesionado y que “se deje de utilizar la sanidad como arma política”.

Prescripción enfermera

A su llegada al ministerio, Jesús Fernández, consejero de Sanidad de Castilla – La Mancha, ha hablado del segundo gran tema del día: el Real Decreto de prescripción enfermera: “Esperábamos que se pudiera tratar como punto del día no solo como tema de análisis”, ha explicado, insistiendo que van a seguir peleando por su derogación. Idea en la que también ha insistido su homólogo aragonés, Sebastián Celaya, que ha amenazado con acudir al Constitucional, del mismo modo que Antoni Comín, consejero catalán, ha pedido que cuando se den las circunstancias jurídicas oportunas espera que se derogue de inmediato. “Las normas deben solucionar problemas, no crearlos”, ha matizado añandiendo que esta disposición "ha dejado a las enfermeras trabajando sin garantías jurídicas, lo que afecta a la seguridad clínica del paciente".

Esta misma posición ha defendido la consejera de Cantabria, una de las comunidades que ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo, que ha criticado que el Real Decreto “aumenta las demandas de los médicos y es una clara interferencia en las competencias de las comunidades”.

Por su parte, el consejero de Castilla y León, ha señalado que “es un problema más de los dirigentes de las organizaciones más que de los profesionales”, y ha añadido: “El texto no ha generado problemas en el día a día y como no está desarrollado no deja de ser un texto”. Por eso, ha hecho un llamamiento a “establecer lugares y espacios de consenso”.

El mismo conflicto entre competencias denuncia Jon Darpón, consejero del País Vasco, que afirma: “Nuestra posición es clara y el gobierno vasco lo ha recurrido porque interfiere con las competencias de euskadi”. Su propuesta es dejarlo en suspenso y “volver al interterritorial con un nuevo texto”.

Sobre el debate surgido en torno al Real Decreto de prescripción enfermera, tanto Martín Díaz como Encarna Guillén, consejera de Sanidad de Murcia, han defendido que se llegue a un acuerdo en el foro de las profesiones sobre cómo debe abordarse.

En otro orden de cosas, Montón ha reprochado al Ejecutivo "la falta total de compromiso con los refugiados": "En Valencia estamos prestándoles ya nuestra ayuda lejos del regateo del Gobierno central". Vergeles, además, ha querido remarcar que su asistencia se debe al "respeto al concepto del Sistema Nacional de Salud”. Asimismo, ha reconocido su apoyo a la actualización del calendario vacunal pero no al Plan de enfermedades trasmitidas por vectores, que se devolverá “por atribuir a las consejerías competencias que no son suyas”.