Si el PSOE gobierna, el Estado demandará a Grünenthal por la talidomida

Carlos Cristóbal /Imagen: Cristina Cebrián y Joana Huertas
El mismo drama a través de cuatro visiones que, si bien se diferencian en muchos aspectos, coinciden en el más importante: es necesario actuar para acabar con la injusticia a la que están siendo sometidas las víctimas españolas de la talidomida. Los principales partidos políticos, con una única excepción de Podemos, han ofrecido sus principales líneas de acción en este asuntos. La secretaria de Sanidad socialista, María José Sánchez Rubio, ha sido la más contundente en una intervención donde, si bien no lo ha mencionado explícitamente, la idea de un boicot a los productos de Grünenthal ha estado presente.

José Andrés Llamas, José Ignacio Echániz, María José Sánchez Rubio y Francisco Igea han participado en la mesa moderada por el vicepresidente de la OMC, Serafín Romero (en el centro).

María José Sánchez Rubio.

“Que sepan que esto no sale gratis”. Con esta frase resumía su postura la dirigente socialista, que ha participado junto a sus homólogos de PP, Ciudadanos e Izquierda Unida-Unidad Popular en la mesa ‘Responsabilidad de compensar y ayudar a las víctimas’ perteneciente a la jornada ‘Realidad de los afectados de talidomida en España’ celebrada este lunes bajo la organización de la Organización Médica Colegial (OMC) y la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite). En ella, Sánchez Rubio ha planteado que el Estado interponga una demanda judicial a Grünenthal, compañía que “bien podría tener un reconocimiento a las víctimas”, ha apuntado.

“La sentencia es legal, pero no es justa”, ha afirmado Sánchez Rubio antes de solicitar “un gesto” por parte del laboratorio así como la implantación de una serie de medidas entre las que ha destacado la propuesta de eliminar los copagos para el colectivo de afectados.

Francisco Igea.

Al igual que en el caso del PSOE, Ciudadanos aboga por una participación activa por parte del Gobierno en el conflicto que  las víctimas mantienen con el laboratorio causante de sus malformaciones. Así lo ha puesto de manifiesto el diputado Francisco Igea, que ha incidido en la responsabilidad del Estado y su capacidad para cambiar las cosas: “La prescripción del delito no puede ser una excusa; y si las leyes no son correctas, es responsabilidad nuestra cambiar la legislación”.

Uno de los puntos comunes entre los ponentes que han participado en la mesa ha sido el relativo a la utilización de las herramientas con que cuentan los ciudadanos como miembros de la Unión Europea. Sobre este aspecto ha incidido especialmente el secretario de Sanidad  y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, asegurando que “existen mecanismos para evitar la discriminación”. Del mismo modo, ha señalado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) como foro para “abordar cuestiones de ventaja comparativa para estos afectados”.

El secretario de Salud de Izquierda Unida, José Andrés Llamas, ha celebrado durante su intervención que se hayan “redoblado” el interés para hacer que casos como el de la talidomida no vuelvan a repetirse. Asimismo, ha instado a todas las fuerzas a dar un paso adelante alegando que “nuestro apoyo debe pasar de los gestos a los hechos”.

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