Siete hospitales, en la multa de Competencia a las grandes constructoras

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe total de 203,6 millones de euros a seis constructoras españolas por alterar, durante los últimos 25 años, miles de licitaciones públicas para la edificación y obra civil de infraestructuras. Se trata, según este organismo, de contratos “de gran relevancia” que afectaron también a diversos hospitales.

Tal y como ha informado este jueves la institución que preside Cani Fernández, las compañías sancionadas son Acciona (29,4 millones de multa), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). Las actuaciones contra la compañía Lantania han sido archivadas.

Según la CNMC, desde 1992 estas empresas "se reunían semanalmente para analizar licitaciones" y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.

Las conductas sancionadas han afectado a licitaciones públicas convocadas en los mercados de obra o ingeniería civil, edificación residencial y edificación no residencial. “Se trata de contratos de gran relevancia desde una perspectiva económica (las licitaciones afectadas tenían un presupuesto total de miles de millones de euros) y que afectan a infraestructuras que inciden en la protección del interés general como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras etc”, incide la CNMC.

Entre otras actuaciones, el organismo ha puesto el foco sobre las obras que se realizaron en 2006 en el Hospital de Parla (trabajos que incluyen otras actuaciones en la ciudad y que alcanzan un valor total de 6.600 euros); las de 2007 en el Hospital de Salamanca (por valor de 12.500 euros); y las de 2016 en el Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia (6.000 euros) y en el Río Carrión de Palencia (14.800 euros). Además, informa del intercambio de información entre empresas sobre las actuaciones en el Hospital Universitario de Valencia, el de Coslada y el de Arganda del Rey. 

¿Cómo se alteraban los contratos?

El organismo que preside Cani Fernández explica que el 'modus operandi' de las sancionadas consistía en reuniones semanales, que iniciaron en 1992, para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado.

En dichos encuentros, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del grupo a empresas externas.

Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto "para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas", describe la CNMC.

Además, en los encuentros semanales, las empresas intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), como, por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones, o la intención de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían.