Gráfico con los datos de las tres últimas encuestas.
Ser sanitario en España supone ejercer la profesión más expuesta a violencia laboral. Así se desprende del informe de la Universidad Internacional de Valencia sobre
Violencia en el Trabajo y sus modalidades, que señala que la rama de la
salud tiene las tasas más altas de exposición a acciones violentas.
Con los datos en la mano, los trabajadores sanitarios y de servicios sociales alcanzan un
23 por ciento de exposición a estas conductas, con cifras parecidas a las de la Administración pública y la educación. Las más bajas, por el contrario, se encuentran en el sector de la agricultura -6 por ciento- y de la construcción -9 por ciento-.
En concreto, el 17 por ciento del personal sanitario español reconoce haber sufrido algún tipo de conducta violenta en el trabajo
durante el último año. Además de las agresiones verbales, las amenazas de violencia física afectan al 9,5 por ciento de los profesionales, mientras que la
violencia cometida por personas externas al lugar de trabajo alcanza al 6,2 por ciento. Las mujeres, en este caso, también son más propensas a estas conductas, llegando al 8 por ciento, mientras que ellos se quedan en el 6,7 por ciento.
Las conclusiones, obtenidas tras encuestas a trabajadores a lo largo de una década, reflejan también que las personas expuestas a violencia, ya sea interna o externa, sufren también con más frecuencia
dolor de cabeza, problemas para conciliar el sueño, estrés, ansiedad o nerviosismo, y lo hacen con porcentajes que doblan con creces aquellos de los trabajadores que dicen no estar expuestos.
Problema social crónico
La
violencia en el trabajo, definida en el informe en las modalidades de
mobbing, acoso sexual y por razón de género o discriminación laboral, incluyendo las más frecuentes
como agresiones verbales, rumores o aislamiento social, "supone un
problema laboral crónico para la seguridad y la salud de la población", según alertan los autores del estudio, basado en las Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo.
Sin embargo, la situación no es exclusiva de España si se pone en el contexto de su entorno europeo. En este sentido, la posición española es la
vigésimo sexta sobre un total de 34 establecidas. Además, el 41 por ciento de las empresas cuentan con un plan para abordar el mobbing y el 43,9 por ciento uno para afrontar la violencia de los clientes.
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