Sanidad y Empleo estudian una reforma para que el donante no sea despedido

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado en el Senado que va a trabajar con el Ministerio de Empleo para garantizar la protección laboral de las personas que quieren donar un órgano en vida antes de la intervención, con el objetivo de evitar que tengan problemas en su trabajo por este motivo.
 
"Somos conscientes de la problemática laboral que tienen los donantes previa a la donación del órgano", ha señalado durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, lamentando que estas personas tenga que coger vacaciones para realizar esta actividad o puedan ser despedidos por este motivo.
 
De hecho, el director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, ya reclamó la semana pasada una modificación legal que otorgue una protección social y laboral a estas personas similar a las que tienen las mujeres durante el embarazo y postparto.
 
Enfermedad común
 
Montserrat ha reconocido que actualmente el acto de donación tiene la consideración de enfermedad común, por lo que "se reconoce una situación de incapacidad temporal cuando el donante que trabaja está impedido para el trabajo y tiene derecho al subsidio correspondiente cuando se reúnen unos requisitos".
 
Asimismo, existen unos epígrafes concretos para codificar esta situación a la hora de emitir los partes médicos de baja tras la intervención.
 
No obstante, la ministra ha reconocido que todavía hay que solucionar la situación de estas personas los días previos a la donación y por ello ha avanzado que hablarán con Empleo y las sociedades científicas a fin de determinar cómo se considera la baja laboral previa que puedan necesitar, así como los casos de despido que estén motivados por la propia donación.
 
Compromiso real
 
De hecho, teniendo en cuenta estas intenciones Ciudadanos (C’s) ha presentado una PNL este mismo martes en el Congreso en la que pide las modificaciones legales necesarias para garantizar que, en el proceso de donación de un órgano, los trabajadores donantes gocen de los permisos precisos, a fin de poder acudir a las pruebas diagnósticas, estudios de compatibilidad, así como los permisos de recuperación, cubiertos económicamente, para la operación de extracción del mismo y el tiempo preciso de recuperación de la donación.
 
Así mismo, también propone “evaluar la posibilidad de declarar nulos los despidos a una persona donante siempre que no sea por causas objetivas, y se realice por causas que se puedan achacar a consecuencias de la donación, en el año siguiente a este proceso”