La ministra de Sanidad, Ana Mato. |
El proyecto, elaborado en colaboración con ministerios, comunidades autónomas, entidades locales y, de manera especial, con el Tercer Sector de Acción Social, es un instrumento integrador de todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España que, a la vez, da respuesta al compromiso de la Estrategia Europa 2020 de reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de sufrir esta situación. Se trata del primer Plan de Inclusión de cuantos se han puesto en marcha en España que responde únicamente al compromiso político del Gobierno, y no a un mandato de la Unión Europea.
Entre sus tres ejes estratégicos se encuentra "el compromiso con los servicios básicos, enfocados a la población más desfavorecida", dentro del que se explicita que "se seguirán garantizando los medicamentos de manera gratuita a los parados de larga duración y otros colectivos con bajos ingresos, como los perceptores de rentas mínimas de inserción". Es decir, los colectivos ya contemplados. Además, el Ministerio trabaja en un espacio sociosanitario común con el que confía "mejorar la coordinación de los servicios sanitarios y sociales".
Atención sociosanitaria a personas sin hogar
El Plan incluye también la primera Estrategia Integral Nacional para Personas sin Hogar, un colectivo de 23.000 personas en España, de acuerdo con datos del INE. Entre sus objetivos se encuentran el establecimiento de equipos multidisciplinares ambulantes de atención sociosanitaria en la calle; dispositivos de acogida en período de convalecencia para personas sin hogar con alta hospitalaria; y el alojamiento temporal a personas sin hogar con el fin de prevenir o paliar su deterioro físico y sus problemas de salud, especialmente en casos de enfermedad mental o adicción al alcohol o drogas.
Un plan insuficiente para el PSOE
La Secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha dicho que el Plan de Inclusión Social es “absolutamente insuficiente para hacer frente a uno de los mayores retos que tenemos por delante como país, además de llegar tarde y sin los recursos necesarios”. “Cómo pretende la Ministra Mato apoyar los servicios sociales básicos que gestionan los ayuntamientos si ha recortado dos terceras partes de los fondos del Plan Concertado”, se ha preguntado Trinidad Jiménez. También ha recordado que “a los recortes indiscriminados en Sanidad y Servicios Sociales se suman el vaciamiento de la Ley de Dependencia y la reforma de la Administración Local, que desmantela justamente esta red básica de servicios sociales del ámbito local y abre la puerta a las privatizaciones”.