La sanidad pública española, 'desamparada' frente a la brecha salarial

Este miércoles entra en vigor el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, que tiene por objeto establecer medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva. Aunque el Ministerio de Trabajo aseguró a Redacción Médica que "esta normativa afecta también a la sanidad pública y podrán desarrollarse acuerdos específicos", los profesionales se sienten desamparados ante su redactado, que solo hace mención al personal laboral, y exigen medidas de igual calado para la sanidad pública, altamente feminizada. 

Las mujeres representan más del 70 por ciento de los empleos de la sanidad española, sin embargo, cobran un 28 por ciento menos que sus compañeros según un reciente informe de UGT que pone de manifiesto la desigualdad retributiva del sector sanitario. 

El registro salarial al que obliga la norma, que tiene una aplicación directa en la sanidad privada, debe incluir los valores medios de los salarios, los complementos y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo. El objetivo es analizar una posible brecha de género atendiendo a los grupos o categorías profesionales y a los niveles o puestos. 

Planes de Igualdad en sanidad

"Si solo habla de laborales, deja a la Función Pública fuera", advierte Gracia Álvarez, secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de FeSP-UGT, quien considera que una medida así debería aplicarse en todos los sectores. Fabián Valero, director de Zeres Abogados, coincide con Álvarez al señalar que esta medida "afecta a hospitales, clínicas o residencias privadas".

"Hay una brecha que cuesta más ver. La gente siempre dice que a igual trabajo, igual salario. Pero si soy yo la que me quedo embarazada, soy yo la que coge la baja maternal y soy yo la que me quedo cuidando a los niños, aunque sea de forma voluntaria, no hago ni cobro guardias", ilustra Álvarez. "Al final, como las mujeres asumimos estas tareas, ganamos y cotizamos menos", añade.

"Pasa lo mismo que con el registro horario, que no se aplicó ni para los MIR pese a que son laborales", recuerda Antonio Cabrera, secretario general de la FSS-CCOO, que ha reclamado este derecho recientemente a Sanidad. "En teoría esta brecha debe abordarse desde los planes de igualdad que estamos negociando en las CCAA", explica Cabrera, que afirma que "en cada servicio de salud se debe incorporar un plan de igualdad porque es obligatorio. Algunos lo han firmado, pero no en todas las consejerías".

"La brecha salarial puede venir de retribuciones directas o indirectas. Aunque haya un 80 por ciento de enfermeras, si te fijas en las supervisiones y direcciones de Enfermería y se invierte", ejemplifica Cabrera. 

Frenar la brecha salarial en sanidad, "voluntad" de Trabajo e Igualdad

Tal y como han explicado a este medio tanto el Ministerio de Igualdad como el de Trabajo a este medio, las administraciones públicas están obligadas a implantar estas medidas en referencia al personal laboral, como recoge la Disposición Adicional Cuarta, que afirma que "al personal laboral al servicio de las administraciones públicas le resultará de aplicación lo previsto en el presente reglamento, de acuerdo con las peculiaridades establecidas en su legislación específica".

En este sentido, Ricardo De Lorenzo, presidente de De Lorenzo Abogados, argumentaba a este diario que "sería obligado reflejar estas políticas también para los funcionarios de carrera e interinos en el ámbito de las administraciones públicas, que deberían ser ejemplarizantes en el impulso de la igualdad en el conjunto de la sociedad".

Por su parte, los Ministerios de Igualdad y de Trabajo señalaban que su "voluntad" es que "efectivamente el conjunto de la AGE abandere ejemplarmente la aplicación de este real decreto, pero eso precisa del trabajo conjunto con el Ministerio de Función Pública, el competente en la materia".