Sanidad abre las puertas de Primaria a los no asegurados con patología grave

Redacción. Madrid
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) estudiará el próximo 18 de diciembre un nuevo protocolo a seguir en caso de ser necesaria una intervención sanitaria en situaciones de riesgo para la salud pública. El objetivo de esta nueva normativa es dar seguimiento en Atención Primaria (AP) a los no asegurados con patologías graves para evitar un nuevo 'caso Alpha Pam’.

Ana Mato, ministra de Sanidad.

Con este fin, Sanidad ha establecido una serie de enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis, tuberculosis, etc.) y no transmisibles (esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión, entre otros) que, en caso de afectar a un no asegurado, serán susceptibles de beneficiarse de forma ‘gratuita’ de acciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de control del problema en curso, “preferiblemente” en AP, aunque incluyendo interconsultas del segundo nivel asistencial si fueran necesarias.

La ‘gratuidad’ de estos servicios es relativa, ya que serán facturados al usuario y, en su caso, se imputarán a cargo de los convenios especiales que puedan ser formalizados por las comunidades autónomas, o remitidas a través del órgano competente, a su país de origen, en virtud de los convenios bilaterales de Seguridad Social suscritos por España.

Además de estas tres vías, Sanidad ofrece una cuarta para las personas sin recursos para costearse este tipo de atención sanitaria. En concreto, el documento de la Dirección General de Salud Pública al que ha tenido acceso Redacción Médica especifica que “la medicación necesaria para el tratamiento de estas enfermedades, en caso de que demuestre la no disponibilidad de recursos, se contemplará como ‘campaña sanitaria’ y se entregará en el dispositivo habilitado al efecto en el servicio de salud”.

Dar solución a las denuncias de las ONGs

De este modo, el Ministerio abre una vía de escape a los estrictos requisitos de aseguramiento establecidos por el Real Decreto 16/2012 y atiende las reclamaciones tanto de las comunidades autónomas, obligadas por ley a negar la asistencia a los no asegurados más allá de las urgencias, como de la AP, que alertaba de los riesgos para la salud individual y colectiva que conlleva interrumpir el seguimiento de una enfermedad grave, como puede ser el VIH, a un paciente.

Casos como el del inmigrante irregular Alpha Pam, que falleció de tuberculosis por un error de diagnóstico condicionado por su situación ilegal en España, se verían ‘solventados’ con esta nueva norma. En la misma línea, el Ministerio parece querer con este protocolo dar solución a las denuncias de numerosas ONGs que acusan al Gobierno de dejar sin amparo a miles de inmigrantes ‘sin papeles’ que requieren de tratamiento médico, pero no cuentan con recursos económicos suficientes para costeárselo.