“La Administración nunca ha estado supeditada a condiciones económicas” en hepatitis C

Eduardo Ortega Socorro. Madrid
El Gobierno ha vuelto a negar que el coste de los nuevos fármacos de hepatitis C esté suponiendo un problema para su financiación pública. De hecho, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, asegura que “la Administración nunca ha estado supeditada a condiciones económicas” en sus políticas en esta enfermedad.

Sáenz de Santamaría.

Afirma que las comunidades autónomas tienen capacidad financiera suficiente para afrontar el gasto que supondrán estas nuevas moléculas gracias a los ahorros que suponen las “bajadas de precios y los genéricos”. Asimismo, garantiza que habrá un “acceso equitativo y con criterios clínicos” a estos fármacos para los pacientes de todas las comunidades autónomas.

Además, la ‘número 2’ del Gobierno recuerda que este próximo lunes se celebra en el Ministerio de Sanidad la  primera reunión de coordinación del Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C, y alaba la figura de Joan Rodés, que lidera el equipo de expertos que va a dar forma a dicha iniciativa . Es más, destaca la necesidad de contar con expertos científicos para ello y que este criterio “siempre es más documentado que la opinión política”. Añade que también se tendrá en cuenta el criterio de las sociedades médicas y que se escucharán las inquietudes de los pacientes.

Destino del FLA

Sáenz de Santamaría aborda estas cuestiones durante la rueda de prensa celebrada tras el primer Consejo de Ministros de 2015, en la que también indica la agenda social será una de sus principales prioridades del año, “el ámbito más amplio y ambicioso de este semestre para el Gobierno”.

Al encuentro también ha asistido Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, quien informa de que el 61 por ciento del fondo de liquidez autonómico (FLA), entre 2012 y 2014, se invirtió en “servicios fundamentales”, los sanitarios entre ellos. En este sentido, Sáenz de Santamaría recuerda que se ha revertido la situación de la deuda con los proveedores en España y que “hay gobiernos que pagan y gobiernos que gastan”.

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