Reto para las cuentas autonómicas: reducir deuda aumentando gasto sanitario

España, al igual que otros países europeos, tiene como reto afrontar el envejecimiento de la población, algo que conllevará un aumento de la inversión en asistencia sanitaria y gastos de atención a largo plazo. Esta es una de las conclusiones del informe que bajo el título 'La recuperación está todavía muy lejos' ha hecho público la agencia calificadora Standard&Poor's para señalar que las comunidades autónomas podrían tardar décadas en reducir su deuda sin un aumento significativo de los recursos a través del sistema de financiación autonómica, superávits o un alivio de su deuda. 

Según la calificadora, al aumento del gasto en Sanidad se le sumará un repunte del gasto en Educación pese a la disminución del número de alumnos. 

Estos retos no son nuevos para España, pero ahora Standard&Poor's ha querido ponerlos de relieve aprovechando su advertencia de que aunque las comunidades autónomas aumentaran sus ingresos esto no sería suficiente para restaurar las finanzas regionales a niveles precrisis. 

En este sentido, la calificadora considera que sólo una "profunda" reforma estructural del sistema de financiación autonómica, de la deuda del Gobierno central, o ambos, podría provocar un desapalancamiento pronunciado. En todo caso, sus previsiones sobre seis regiones son estables, y dos positivas, ya que no toman el efecto de posibles reformas en las calificaciones. 

Obstáculos demográficos

En el informe se señala además que los cambios demográficos representan un "importante" obstáculo para las regiones, pues de ellas dependen los principales servicios sociales, excluyendo las pensiones y las ayudas por desempleo. 

A su juicio, las regiones no pueden ser valoradas por encima de la calificación de España porque reciben una gran parte de sus ingresos en forma de transferencias que gestiona el propio Ejecutivo central, por lo que cualquier actualización de una calificación de las regiones al mismo nivel que España está "supeditada a la mejora soberana". 

Por otro lado, la crisis ha ilustrado "brechas" en la capacidad del sistema de financiación autonómica para preservar la solvencia en las regiones. "El sistema no incluye ningún mecanismo para mitigar el impacto de los menores ingresos o incentivos suficientes para reducir los gastos", critica en el informe. 

Por todo ello, la calificadora entiende que el sistema de financiación autonómica debe ser revisado cada cinco años. A pesar de un crecimiento económico "más fuerte", señala que el Gobierno en funciones se enfrenta al reto de mayores requisitos presupuestarios para cumplir con sus objetivos de control de estabilidad.