"El requisito lingüístico es una traba para atraer a los mejores MIR"

De mérito a requisito obligatorio. La Comunidad Valenciana ha aprobado este jueves su nueva ley de Función Pública que añade el requisito lingüístico para poder acceder a una plaza de personal estatutario en la administración autonómica. Con este paso, se suma a Cataluña, País Vasco y Navarra, regiones en las que, con algunas excepciones, es obligatorio conocer la lengua local para poder ejercer como profesional sanitario.

La nueva norma, no obstante, deja en manos de un reglamento posterior el nivel de exigencia que se establecerá para cada una de las escalas de la administración. De este modo, una norma aún por llegar deja a expensas si el personal que se dedica al ámbito de la salud se les pedirá un certificado de conocimiento de la lengua o no.

Hasta ahora, y a la espera de ver qué determina la nueva ley sobre el caso de la sanidad, hablar valenciano no era obligatorio para ejercer en sanidad, pero sí puntúa positivamente que los profesionales lo conozcan. En las bases de sus convocatorias están recogidos los baremos y el conocimiento de la lengua puede aportar hasta 3 puntos en la OPE, lo que puede ser determinante a la hora de obtener o no una plaza.

Si finalmente el conocimiento del idioma autonómico termina siendo obligatorio para ejercer en la sanidad de la Comunidad Valenciana, Víctor Pedrera, secretario general de CESM en este territorio, sostiene que “es un auténtico despropósito, una barbaridad”, y más en la situación actual de pandemia del Covid-19. “La Administración se tiene que centrar en solucionar un problema de Salud Pública. Esta es la prioridad”, subraya a Redacción Médica.

Pedrera recuerda que en comunidades autónomas muy próximas a la valenciana, como las Islas Baleares (en donde se debe avreditar un nivel B1), están sufriendo estragos por contar con normas similares vigentes. En concreto, en Ibiza “tienen problemas para encontrar pediatras, neurólogos y radiólogos”, resalta. “Todo por culpa del efecto de normas como esta, que en absoluto facilitan que los médicos se puedan quedar”.

A la difícil situación provocada por el coronavirus hay que sumarle la falta de médicos de Medicina de Familia y de numerosas especialidades del ámbito hospitalario, “en donde hay falta de médicos por las malas condiciones laborales y la mala planificación”. El factor lingüístico “es un problema más para agravar esta situación”, advierte. “Esto va generar repercusiones negativas a la población", que también se verán reflejadas a la hora de atraer a los mejores MIR. 

Mientras, el Colegio de Médicos de Castellón, consultado por este diario, sostiene que, en un momento de pandemia como el actual, "incluir el condicionante lingüístico del valenciano para el acceso a la Función Pública no debe ser prioritario, al menos en el campo sanitario". Por este motivo, la institución entiende que "ha de primarse la capacitación médica en ese proceso de selección, siendo el dominio de la lengua vernácula un valor añadido, pero no condicionante".

Similar caso es el de Galicia, en donde se realiza un examen de gallego a los opositores, pero que en ningún momento deja fuera de la convocatoria a los que lo suspendan.

El caso de Cataluña es mucho más estricto, pues se exige a los médicos y los enfermeros del sector público el nivel C1 de lengua catalana. En cambio, para los celadores y los auxiliares de Enfermería basta con el A1. Estos niveles se pueden acreditar mediante un título o pasando un examen vinculado a la propia OPE y que es obligatorio aprobar.

País Vasco tiene un sistema más abierto, pues en Osakidetza no se pide a todo el personal el conocimiento del euskera, aunque sí que se valorará positivamente, en cualquier caso, llegando a tener un peso considerable en la puntuación de las OPE. Aún así, solo es obligatorio hablar este idioma en las lenguas donde los euskoparlantes sean mayoritarios.

Más peculiar es la situación de Navarra, en donde se han regulado los denominados puestos bilingües, concentrados en la zona norte de la región y en donde los profesionales sanitarios deben tener un conocimiento mínimo de la lengua vasca. El nivel de conocimiento de euskera que se deberá acreditar en los puestos bilingües será, dependiendo de las características del puesto, B1, B2 o C1, según la normativa.