Redacción. Madrid
El ministro británico de Sanidad, Jeremy Hunt, anunciaba el pasado mes de julio la intención de incorporar aspectos sanitarios en la reforma que proyecta el Reino Unido sobre la Ley de Inmigración. La confirmación ha llegado este lunes, aunque con aspectos por perfilar. La criba para la gratuidad de la asistencia se sitúa en los seis meses: los extranjeros comunitarios que no rebasen ese periodo de residencia, pagarán la asistencia en su totalidad; mientras que los que residan más tiempo, contarán con dos tarifas.
El ministro británico Jeremy Hunt.
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Si el inmigrante está de forma legal pero temporal en el país, deberá atenerse a unas nuevas condiciones (se habla de tarifa distintiva y menor para los estudiantes) que también serán de obligado cumplimiento en la atención obstétrica y pediátrica. Las primeras cifras apuntadas oscilan entre los 180 y los 240 euros anuales. Las informaciones surgidas este lunes hablan también de la obligatoriedad de contar con la tarjeta sanitaria europea.
Diferencias con la reforma sanitaria española
Hay dos claves diferenciadoras entre los planes sanitarios británicos para los próximos meses y la reforma acometida por la ministra de Sanidad, Ana Mato. Si Mato ha incluido en la gratuidad de la asistencia a niños y embarazadas con independencia de los criterios de aseguramiento, en suelo británico no serán dos colectivos exentos del pago. Por otro lado, y también de forma contraria a la decisión de España, la sanidad británica no vetará la asistencia en el primer nivel asistencial a los inmigrantes ilegales por temor a la propagación de enfermedades infecciosas y también para evitar encarecimientos posteriores ante graves patologías atendidas en las puertas de Urgencias.
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