Presupuesto específico y ley de alto rango para contratar en Salud Pública

Aunque intuyen las virtudes del futuro plan de Recursos Humanos de Salud Pública que esbozó en su última reunión el Consejo Interterritorial, los sindicatos difieren sobre la capacidad del Gobierno para coordinar y homogeneizar una estrategia a nivel nacional.

Un grupo de trabajo designado por el propio Consejo Interterritorial será el encargado buscar el encaje para mejorar la política de personal del conjunto del Sistema Nacional de Salud. La estrategia, que según los plazos marcados por el Ministerio de Sanidad verá la luz antes de que finalice 2022, está enfocada a garantizar el relevo generacional y la retención de talento, así como a redimensionar de forma más eficientes las plantillas para afrontar los retos sanitarios presentes y futuros. 

El anuncio ha sido aplaudido por el conjunto de las fuerzas sindicales, aunque existen dudas en torno a la viabilidad jurídica de una estrategia de Recursos Humanos que afecta a diferentes leyes de Función Pública y Relaciones de Puestos de Trabajo. A juicio de Fernando Hontangas, responsable del área sanitaria de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la estrategia precisa de una normativa “con entidad suficiente” para no vulnerar ninguna normativa de rango superior.

“Tiene que establecerse una ley de rango suficiente para que sea vinculante, como puede ser la Ley de Ratios o la Ley de Seguridad del Paciente, que vincularían la organización de los Recursos Humanos”, destaca Hontangas.

CCOO pide un presupuesto específico

Desde Comisiones Obreras apuestan por que se homogenicen algunas de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en las 17 comunidades autónomas para poder fortalecer un proyecto de este tipo, lo que permitiría igualar las retribuciones salariales, las remuneraciones por las guardias o los sistemas de carrera profesional. Sin embargo, no creen que estas diferencias vayan a poner en jaque el plan de Recursos Humanos. “Las trabas burocráticas se salvan cuando hay voluntad”, ha explicado Rosa Cuadrado, responsable de Acción Sindical del área de Sanidad de CCOO, a Redacción Médica.

El sindicato sí que ve necesario que se creen partidas dirigidas específicamente a la contratación de trabajadores si se quiere poner en marcha una red de vigilancia de salud pública común. “Nos gustaría empezar a ver algo tangible, que hubiese un compromiso real de aportación de recursos humanos”, ha apuntado Cuadrado. En concreto, cree que los esfuerzos presupuestarios deben dirigirse a incrementar la dotación de médicos, enfermeros y personal de administración en la Atención Primaria sobre los que previsiblemente recaerá buena parte del trabajo. 

Para el sindicato, la inversión pública para reducir el déficit de personal en Primaria es una condición imprescindible para que tomen forma tanto la Red de Vigilancia de la Salud Pública como el futuro Centro Estatal de Salud Pública que han ideado el equipo de Carolina Darias. “La Primaria es fundamental para que ese centro integrado de información sea viable”, ha esgrimido Cuadrado. 

Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud

UGT servicios Públicos se muestra a favor de un plan de Recursos Humanos de Salud Pública, aunque defiende que la iniciativa tiene que pasar previamente por el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud (SNS). Este fue creado por la Ley General de Sanidad como órgano vinculado al CISNS  y está conformado por seis representantes de la Administración General del Estado seis representantes de las CCAA; cuatro representantes de la Administración local; ocho representantes de las Organizaciones empresariales; y ocho representantes de las Organizaciones sindicales más representativas en el ámbito estatal.